POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
Ahora que el Senado aprobó por unanimidad la reforma del artículo 4° de la Constitución para garantizar el derecho que tiene cualquier persona que sufra una enfermedad terminal a que se le proporcione cuidados paliativos con el propósito de tener una muerte digna, surge la inquietud acerca sí la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador destinará los recursos necesarios para lograr este propósito humanitario.
Lógicamente que primero deberá de ser aprobada en la Cámara de Diputados y posteriormente por 17 Congresos Locales, ya que se trata de una reforma constitucional que vendrá aliviar el sufrimiento de los pacientes con enfermedades terminales, como es el caso de esclerosis múltiple, artritis reumatoide, cáncer, insuficiencia renal, entre otras.
Los senadores fueron muy claros al señalar que la reforma del artículo 4° constitucional sólo promueve la aplicación de cuidados paliativos, es decir no se trata de legalizar la eutanasia ni la muerte asistida, aunque no se descarta por completo que luego se aborde está práctica que ha sido sumamente criticada entre grupos religiosos en el país.
Entre los senadores que abordaron el tema de la muerte digna estuvo el doctor Américo Villarreal Anaya, quien destacó la importancia de que los cuidados paliativos sean multidisciplinarios, además propuso que en el corto plazo se discuta con mayor profundidad el tema para que la persona con una enfermedad terminal pueda decidir si desea tener el tratamiento o acabar con su vida.
A propósito, López Obrador desde su campaña anunció que promovería la Ley de Voluntad Anticipada en todas las entidades federativas, ya que se requiere reformar también los códigos civiles para consagrar el derecho a tener una muerte digna en todo el país.
No se sabe si el político tabasqueño se refería en aquella ocasión a legislar para que toda persona con una enfermedad terminal decidiera tener un tratamiento como el que propone la reforma en el Senado o si de plano se le dejaría terminar con su vida para no seguir sufriendo.
Causó confusión cuando habló acerca de promover la Ley de Voluntad Anticipada, por lo que la entonces nominada a ocupar la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila, explicó en una reunión con integrantes del Colegio de Notarios de la Ciudad de México que la reforma propuesta permitiría a un enfermo expresar por adelantado el tipo de tratamiento médico que quiere recibir ante las enfermedades terminales.
De regreso a la reforma en el Senado del artículo 4° de la Constitución, cabe recordar que durante la gestión de la LXII Legislatura Local en Tamaulipas, los diputados María Teresa Corral Garza del PAN y Reynaldo Garza Elizondo del PRI, propusieron la creación de la Ley de Derechos de los Enfermos en Fase Terminal, precisamente para que las personas con enfermedades terminales decidieran el tipo de atenciones médicas deseaban recibir.
Ambas iniciativas señalaban claramente que únicamente recibirían tratamientos paliativos, es decir, aquellos que no adelantan ni retrasan la muerte y que tendrían como fin anular el dolor o bien, que éste se volviera tolerable.
Desafortunadamente, las dos iniciativas se quedaron en las comisiones y no se logró concretar una para que desde hace más de seis años pudiera estar vigente en nuestra entidad.
Se espera que los integrantes de la LXIV Legislatura Local, que entrarán en funciones en octubre próximo, saquen el archivo muerto ambas iniciativas y las enriquezcan con la que surgirá en el Congreso Nacional y que seguramente la revisarán para otorgar su beneplácito como reforma constitucional.
Por último, cada día se acumulan las quejas en contra de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, como la que expresó ayer la mejor sablista de México, Paola Pliego Lara, quien le lanzó el siguiente mensaje: “Te quedaste en el discurso, cuando eras nuestra esperanza. Prometiste ayudarnos y lo creíamos. Se te olvidó quiénes son los más vulnerables aquí”. Pliego Lara renunció a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de nacionalizarse en la República Socialista de Uzbekistán.
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