Por Redacción Noticentro.
Debido a la desconfianza de la sociedad, en Tamaulipas solamente son denunciados nueve de cada diez delitos, y de éstos solamente el 52 por ciento son investigados, establece la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
El proyecto de ley, que dará vida formalmente a la nueva instancia encargada de investigar, perseguir y sancionar los delitos, y que encabezará el michoacano, Irving Barrios Mojica, actualmente Procurador General de Justicia, fue recibido por el Pleno Legislativo a cuatro días de que venza el plazo fatal para aprobarlo. Se espera que los diputados avalen el documento en la última sesión ordinaria de la actual legislatura, programada para el siguiente domingo.
En el apartado denominado , “Diagnóstico Institucional”, la iniciativa reconoce que la población en general ha venido perdiendo la confianza tanto en las instituciones de procuración, así como en los operadores del Sistema de Justicia.
Por esa razón, en la entidad solamente son denunciados ante el ministerio público el 91.0% de los delitos que se cometen, mientras que a nivel nacional el dato es de 93.6%, aproximadamente.
“Las causas de la no denuncia son atribuibles a las autoridades, en la mayoría de los casos, seis de cada diez razones por las cuales los ciudadanos no denunciaron el delito del que fueron víctimas se atribuyó a las autoridades, ya sea por falta de confianza, mala atención, pérdida de tiempo, entre otras razones” señala.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi), en 2016 se registraron en Tamaulipas 575 mil delitos sólo fueron denunciados nueve por ciento de ellos, es decir, poco menos de 52 mil.
De esas denuncias, el ministerio público inició investigaciones solo en 52.4% de los casos, cifra inferior que el promedio en el país, ya que a nivel nacional se inician investigaciones del 65% de las denuncias presentadas.
Además de la desconfianza , otro factor por el que muy pocos delitos son investigados, es el déficit de personal en el sistema de procuración de justicia. Actualmente la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), (que será reemplazada por la Fiscalía), cuenta con 2,800 servidores públicos, pero requiere de por lo menos 2 mil 700 plazas extras para equilibrar la demanda de justicia y capacidades institucionales.
Eso propicia que actualmente un agente del Ministerio Público tenga bajo su responsabilidad 650 carpetas de investigación en cualquier momento dado.
Bajo esas carencias, “es extremadamente difícil reducir el nivel de impunidad” y no es posible cambiar la percepción de desconfianza en las instituciones.
TENDRA TRES VICEFISCALIAS.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, establece que la nueva Fiscalía General de Justicia contará con tres Vicefiscalías para el desahogo de sus tareas.
Se trata de la Vicefiscalía Ministerial, Vicefiscalía de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad; y la Vicefiscalía de Delitos Complejos y de Violaciones a Derechos Humanos.
Además de las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales; en Combate a la Corrupción y en Asuntos Internos, la nueva instancia tendrá otras Fiscalías o Unidades Especializadas para investigar y perseguir ilícitos específicos que, por su trascendencia, interés y características sociales así lo requiera.
El titular del Organo de Control Interno será designado por el Congreso del Estado y durará en su cargo seis años.
La estructura de Fiscalía quedará integrada de la siguiente manera: Fiscal General; II. Vicefiscalía Ministerial; III. Vicefiscalía de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad; IV. Vicefiscalía de Delitos Complejos y de Violaciones a Derechos Humanos; V. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; VI. Fiscalía Especializada en Asuntos Internos; VII. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; VIII. Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas; IX. Direcciones Generales: a) Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos; b) Dirección General de Administración; c) Dirección General de Formación y Servicio Profesional de Carrera; y d) Dirección General de Tecnología, Información y
