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Ciudadanos no combaten abusos de autoridades.

Por Redacción Noticentro.

Los ciudadanos tamaulipecos están desaprovechando la posibilidad de combatir actos administrativos del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos a través del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, admitió Edgar Uriza Alanís.

El Magistrado Presidente del órgano impartidor de justicia dijo que, lo anterior se debe a que hay mucho desconocimiento de la sociedad respecto a las funciones del Tribunal.

“Por ejemplo, un ciudadano puede acudir ante nosotros para defenderse de un acto administrativo de la autoridad estatal o municipal, que puede ser porque le niegan una licencia de construcción; te cobran de más en el predial; te hacen una revisión en un establecimiento de alcoholes; el Ayuntamiento o el Gobierno te incumplen un contrato, o te imponen una multa de la Oficina Fiscal. El abanico de asuntos por los cuales puede el ciudadano acudir ante el Tribunal es muy grande pero no lo hace” mencionó.

Ante ello, se está proyectando iniciar una campaña de difusión acerca de la competencia que tiene el órgano jurisdiccional, para que la sociedad esté enterada y lo vea como una opción de defensa cuando se considere víctima inocente de un acto de autoridad.

“Estamos pensando iniciar las pláticas con asociaciones de contadores, con personal de la construcción, con la Canacintra y otras muchas más, para que vean a éste Tribunal como una opción” refirió.

Dijo que actualmente la mayor parte de los asuntos que está atendiendo el Tribunal de Justicia Administrativa se relacionan con demandas de despidos injustificados por parte de policías estatales y municipales.

CERTIFICACION ANTISOBORNO.

Por otra parte, Uriza Alanís informó que en julio próximo el Tribunal de Justicia Administrativa podría estar recibiendo su certificación anticorrupción.

Explicó que, desde enero pasado se iniciaron una serie de acciones internas tendientes a lograr la certificación de la norma ISO 37001 en materia de anticorrupción, lo cual se espera cumplir el mes próximo.

La certificación la otorga una empresa nacional que se encarga de hacer una evaluación tomando en cuenta diferentes factores.

“Esperamos ser el primer tribunal en conseguir esa certificación antisoborno. Hemos trabajando mucho para eso” refirió.

 

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