Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
La semana pasada, un peligroso miembro del crimen organizado fue liberado por un Juez en Jalisco, por presuntas fallas en la carpeta de investigación. Tan pronto se vio libre, el sujeto asesinó a uno de los policías que lo detuvieron.
El hecho propicio la indignación de un amplio sector de la sociedad y del mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “para analizar la mala actuación de los jueces que han permitido la liberación de delincuentes”.
Además, anunció un frente común con el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial Federal, las judicaturas estatales y los Gobernadores, “para no permitir la impunidad y que nos unamos todos para que, si hay un presunto delincuente, que no tenga posibilidad de ser liberado, por corrupción o utilizando como pretexto que está mal integrada la averiguación”.
Es entendible el enojo del Presidente, y de los ciudadanos, por el desenlace que tuvo la libertad otorgada al presunto “capo” del Cartel de Jalisco Nueva Generación.
Pero pretender intimidar o coaccionar a los Jueces, estatales y federales, para evitar que liberen a presuntos delincuentes cuando haya deficiencias en la investigación realizada por el agente del Ministerio Público y la Policía, es un exceso y un absurdo , que además hacen evidente una total ignorancia del Derecho y del sistema de justicia.
En todo caso, a quienes debería correr y procesar es a quienes no hicieron bien su trabajo.
De entrada, alguien tendría que explicarle a López Obrador que existe un principio de presunción de inocencia, avalado y respetado universalmente. La Constitución Mexicana, en su artículo 20, apartado “B”, establece como derechos del imputado: “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
Dicho de otro modo, la presunción de inocencia es un principio que busca proteger a los ciudadanos de cualquier exceso de la autoridad, algo totalmente contrario a lo que propone el Presidente.
AMLO lo que quiere es que, por el solo hecho de que una persona sea acusada, el Juez de la causa lo declare culpable, lo cual es totalmente inconcebible.
Desde luego que me preocupa la postura del Presidente. Primero, porque demuestra una total ignorancia del sistema de justicia, y segundo, porque está invadiendo funciones y competencias exclusivas del Poder Judicial.
Pero hay otra razón mucho más importante por la que debemos preocuparnos los ciudadanos: por el riesgo de que el linchamiento mediático al que han sido sometidos algunos Jueces que, en apego a Derecho, han ordenado libertades de algunos imputados, pueda provocar que, en adelante, otros Juzgadores decidan, en un afán de evitarse represalias similares, dictar sentencias condenatorias a pesar de que no haya elementos para ello.
Si esto llega a ocurrir se perdería todo el sentido del sistema de justicia. ¿Para qué realizarle un proceso penal a un acusado si al final, haya o no elementos para ello, será declarado culpable?.
Por todo ello , le insisto que la del Presidente es una intromisión muy peligrosa, que denota una total ignorancia del funcionamiento del sistema de justicia.
No quiero cerrar el comentario sin antes lamentar también la actitud agachona que muestran muchos de los colaboradores de López Obrador. No creo que , después de haber sido Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la hoy Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no advierta la aberración que comete su jefe.
ASI ANDAN LAS COSAS.
Intromisión peligrosa.
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