Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
La semana próxima, el Pleno del Congreso del Estado aprobará una reforma al Código Penal, para castigar con penas de dos a ocho años de prisión a quien cause un accidente de tránsito por ir texteando o mensajeando con el celular.
Le pena máxima se aplicará cuando en el accidente alguien pierda la vida.
Cuando solamente haya lesionados, la sanción será de dos a seis años de cárcel, y en aquellos casos en que el saldo sea de solo daños materiales, la pena será de 2 a 4 años.
Me parece que la reforma es bien intencionada. Cada día mueren muchas personas por la imprudencia de quienes acostumbran a combinar el teléfono con el volante.
No hay datos “duros” al respecto, pero las agencias aseguradoras y la Cruz Roja han estimado que nueve de cada diez accidentes automovilísticos ocurren por el uso del celular.
Frente a esos datos espeluznantes, desde luego que es aplaudible la adecuación al Código Penal de Tamaulipas.
Sin embargo, hay un pero: ¿Cómo esperan los diputados que, en un proceso penal se le pueda probar a alguien que al momento preciso del accidente el responsable iba usando el celular?.
Me parece que la acción legislativa, que será votada por el Pleno del Congreso del Estado el miércoles próximo, no tiene muchas posibilidades de éxito. No servirá de mucho. Como instrumento de amago o intimidatorio, puede que surta algún efecto, pero lograr que alguien sea sentenciado se me antoja complicado, por no decir que imposible.
Hagamos un ejercicio de imaginación: son las 02 horas de la madrugada de un fin de semana. Juan regresa a su domicilio luego de asistir a una fiesta donde consumió alcohol en exceso. Va hablando por celular con un amigo. En el Ocho bulevard, “Adolfo López Mateos”, ignora la luz roja del semáforo e impacta a otro vehículo. El saldo es trágico.
¿Cómo le probaría el agente del Ministerio Público a Juan, que causo el accidente por su imprudencia con el teléfono? Simplemente no hay forma.
Por eso le digo que la reforma que se aprobará será buena, si, como figura intimidatoria. Pero nada más.
Me parece que los diputados y las autoridades deben recurrir a otros mecanismos para inhibir esa conducta que tantas muertes ha causado en los últimos años.
Soy de la idea de que sería más efectivo un endurecimiento de la sanción económica a quien use el celular al manejar.
Actualmente, alguien que es sorprendido manejando bajo los influjos del alcohol, termina pagando alrededor de cinco mil pesos entre la multa y el arrastre de su vehículo al corralón.
¿Por qué no hacer lo mismo con los adictos al celular? Si nueve de cada 10 accidentes viales ocurren por el uso del teléfono al manejar, aumentar la pena económica es una urgencia. Puedo asegurar, incluso, que la mayor parte de la sociedad lo verá con buenos ojos.
No todos los problemas sociales se resuelven a base de tipificarlos como delitos, o aumentando las penas para los tipos penales ya existentes. Hay formas más efectivas para lograr resultados.
Lo que sí es una realidad es la urgencia de que las autoridades hagan algo al respecto . Entre más se apuren más vidas humanas salvaran.
EL RESTO.
¿QUE LE PASA A ABELARDO?.- El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Abelardo Perales Meléndez, ha sufrido una sorprendente transformación en su personalidad.
En menos de tres años, el prestigiado abogado dejó de ser el amigo de los periodistas, a quienes no les escatimaba respuestas a sus preguntas. Hoy, su trato raya muchas veces en la prepotencia.
ASI ANDAN LAS COSAS.
