POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
Las huelgas en Matamoros han propiciado pérdidas económicas por más de 200 millones de dólares y de 4 mil 500 empleos, según el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacitra), José Enoch Castellanos Férez, quien anunció que el próximo 26 de marzo estará en aquella ciudad fronteriza para firmar un “acuerdo de estabilidad laboral y trabajo decente”.
También señaló que su visita buscará quitarle la “interlocución a personajes oportunistas” en clara referencia a la abogada Susana Prieto Terrazas, quien ha sido la principal protagonista de los paros realizados en más de 45 maquiladoras, incluso de algunos zafarranchos entre trabajadores, como el ocurrido el pasado miércoles en la sede del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (SJOIIM), que encabeza Juan Villafuerte Morales.
Castellanos Férez destacó que se mantienen huelgas ilegales en 5 empresas, como la que tiene la empresa Arca Continental, que se encarga de la distribución de Coca-Cola en Matamoros.
El dirigente empresarial confía en lograr un acuerdo exitoso para acabar con las huelgas en Matamoros, sin embargo no será fácil porque tendrá en contra a la abogada Prieto Terrazas que se ha distinguido por ser muy entrona y zagas en materia de conflictos laborales.
Se le relaciona con el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien no sólo negó estar involucrado en las huelgas de Matamoros, sino también dijo que no conocía a la abogada Prieto Terrazas.
No se puede descartar esta posibilidad, más cuando Gómez Urrutia, mejor conocido como “Napito”, organiza una central obrera denominada Confederación Sindical Internacional Democrática (CSIC), que competirá abiertamente en contra de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que encabeza el legendario dirigente obrero Carlos Aceves del Olmo.
El también presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado pretende recobrar el tiempo perdido cuando huyó de México, luego de la trágica explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos en febrero de 2006, en donde 65 mineros perdieron la vida por la falta de medidas de seguridad.
De regreso a la vista del dirigente de la Canacintra, Castellanos Férez, el próximo 26 de marzo a nuestra entidad, se espera que este acompañado por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para buscar en forma conjunta una solución de las huelgas en Matamoros, sobre todo cuando varios directivos de empresas maquiladoras han amenazado con emigrar a otros lugares en donde les ofrezcan mejores garantías laborales.
No debemos olvidar que el conflicto laboral en Matamoros ha sido considerado como una nota negativa por las calificadoras, según varios reportes de las empresas Fitch, Standar& Poors y Moody’s.
Incluso, anteayer Ficth redujo en 0.5% la previsión de crecimiento de la economía de México, es decir de 2.1% bajó a 1.6% para el 2019, cuya calificación fue comentada ampliamente en la 82° Convención Bancaria que se celebra en el puerto de Acapulco, Guerrero.
No hay duda de que se debe actuar con prontitud para evitar que se agudice el conflicto obrero en Matamoros, sobre ahora que se han registrado enfrentamientos violentos entre trabajadores que son asesorados por la abogada Prieto Terrazas con el pretexto de defender sus derechos laborales.
En otro tema, resulta muy interesante que el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado (ASE), Joaquín Hernández Correa, haya criticado la actuación del auditor Jorge Espino Ascanio, quien no ha logrado concretar ningún caso de corrupción en lo que va de la administración estatal.
No es la primera vez en que el diputado Hernández Correa señala con “índice de fuego” la actuación de la ASE, como sucedió en febrero del 2017 cuando dijo que la revisión de los recursos públicos no era confiable.
En aquella ocasión, el hijo del legendario dirigente petrolero Joaquín Hernández Galicia (QEPD), señaló que la falta de personal de la ASE había provocado que no se tuvieran los resultados esperados de las auditorías.
Ahora volvió a criticar que la ASE haya detectado inconsistencias financieras en 28 cuentas públicas por cerca de 20 mil millones de pesos en el 2006 y hasta la fecha no hay ningún funcionario procesado.
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