Por Redacción Noticentro.
El 75 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), son archivadas temporalmente.
La Organización no Gubernamental, “México Evalúa”, alertó sobre el uso indiscriminado de ésta figura jurídica en todo el país, que es utilizada para disfrazar el rezago en la investigación de los delitos.
Al dar a conocer los resultados de la investigación denominada “Hallazgos 2017. Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, explicó que “el artículo 254 del CNPP otorga a los ministerios públicos la facultad de archivar un asunto durante la investigación inicial cuando no haya suficientes datos o elementos que puedan servir para establecer líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos. Se trata de una decisión temporal, pues implica únicamente “ponerle pausa” a la investigación”.
Campeche, con el 84.2 por ciento; Baja California con el 83.2 por ciento, y Veracruz con el 76.5 por ciento, son las entidades son los Estados que mandan más investigaciones a archivo temporal. Tamaulipas hace uso de ese recurso en más del 75 por ciento de los casos.
“El uso indiscriminado de esta medida pone en evidencia la incapacidad institucional de policías y ministerios públicos para esclarecer los hechos, es decir, para realizar la investigación” mencionó la ONG.
Calificó esta práctica como “alarmante”.
La misma investigación reveló que en Tamaulipas apenas el 2.7 por ciento de las investigaciones son judicializadas. La entidad que más judicializa es Tabasco con el 53.7 por ciento, y le siguen Campeche con el 28 por ciento y Nuevo León con el 20.2 por ciento.
La judicialización es la tercera determinación más frecuente y se presenta cuando el Ministerio Público considera que cuenta con suficientes elementos para comprobar la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probable participación del imputado en su comisión, por lo que solicita audiencia para la formular imputación y solicitar la vinculación a proceso.
Tamaulipas también “destaca” por el nulo uso de los criterios de oportunidad, una figura jurídica del sistema acusatorio, que tiene como propósito despresurizar el sistema a través de las priorizaciones de los asuntos y los esfuerzos institucionales para realizar mejores investigaciones.
Cabe señalar, sin embargo, que el uso de criterios de oportunidad en el país es mínimo y en los pocos estados donde se utiliza los porcentajes no son mayores al 2%.
El criterio de oportunidad es una facultad de los ministerios públicos para abstenerse de ejercer la acción penal en determinados supuestos, atendiendo a factores como la política criminal y el impacto social de los ilícitos que se cometen.
