Por Redacción Noticentro.
Los siete profesionistas que aspiran al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado, fueron declarados idóneos por la Comisión de Justicia del Congreso Local. El actual Procurador de Justicia, Irving Barrios Mojica, se perfila para el cargo.
Los aspirantes , además de Barrios Mojica, son : el coordinador regional del sistema acusatorio en el sur del Estado, de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado , (PGJE), Juan José Espino Ascanio, —quien además es hermano del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio—; Daniel Alberto Vargas Cortés y Alfredo Vanzini Aguiñaga.
También figuran tres mujeres: se trata de las agentes del Ministerio Público de la PGJE, Elizabeth Almanza Avalos y Claudia Janeth Gámez Ortiz. La otra es Tita Ernestina Carmona Ariceaga.
Después de revisar la documentación que entregó cada uno de los profesionistas, los legisladores constataron que cumplen con los requisitos Constitucionales y legales para aspirar al cargo.
De esa manera, el dictamen respectivo será llevado ante el Pleno Legislativo durante la sesión ordinaria a celebrarse éste miércoles, para que una vez aprobado enviarle la lista al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
La Constitución Local y la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, establecen que el Gobernador deberá, en un plazo no mayor a 10 días, elegir una terna para remitirla al Congreso del Estado, y que los diputados elijan al que será el primer Fiscal General de Justicia del Estado por un lapso de siete años.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), Rafael González Benavides, lamentó que el Procurador General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, se haya inscrito para contender por el cargo.
La bancada del PRI ha venido criticado el hecho de que Barrios Mojica pueda ser el Fiscal General de Justicia, porque pondría en duda la autonomía que presuntamente se le dará a la nueva dependencia.
De acuerdo con la reforma a 12 artículos de la Constitución local, aprobada el pasado 14 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia tendrá autonomía operativa, administrativa y jurídica, por lo que no dependerá del Gobierno del Estado.
Sustituirá a la actual Procuraduría General de Justicia del Estado.
