Por Redacción Noticentro.
Con 256 casos durante los primeros seis meses del año, Victoria figura como la ciudad tamaulipeca con más padres de familia denunciados penalmente por abandono de obligaciones alimenticias.
Así lo revela el más reciente reporte estadístico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), la instancia responsable de la persecución e investigación de los delitos.
De hecho, junio pasado fue el mes con más casos de padres denunciados ante las agencias del Ministerio Público con un total de 55.
En enero la PGJE inició 30 carpetas de investigación; en febrero 33; en marzo, 51; en abril 47; en mayo, 40 y en junio 55.
Con ello, la capital de Tamaulipas encabeza la estadística de incidencia de abandono de obligaciones alimenticias, y le siguen Tampico con 198 y Matamoros con 231.
En total, durante el primer semestre del 2018, suman 964 los padres de familia que enfrentan una denuncia penal por abandonar a sus familias.
El artículo 295 del Código Penal de Tamaulipas establece que : “Comete el delito de abandono de obligaciones alimenticias el que sin motivo justificado deje de proporcionar a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus hijos, los medios económicos o recursos necesarios para atender las necesidades de subsistencia”.
A su vez, el numeral 296 refiere que : “Al responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias se le impondrá una sanción de seis meses a tres años de prisión, privación de derechos relativos a la familia y entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a la familia”.
Cabe señalar que , tanto en materia penal como familiar, el abandono de obligaciones alimenticias es uno de ilícitos más denunciados.
Agentes del Ministerio Público y Jueces de lo Familiar, coinciden en que el abandono de obligaciones alimenticias va de la mano generalmente de los divorcios o separaciones de las parejas.
Sin embargo son muy pocos los casos en que el padre desobligado termina sentenciado porque durante el desarrollo del proceso llega a un acuerdo económico con la parte acusadora.
