Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), podría iniciar de oficio una investigación en relación a los hechos donde el periodista, José Inés Figueroa Vitela, fue agredido por agentes de la Policía Estatal Acreditable.
José Ramiro Roel Paulín, Secretario Técnico del organismo defensor de la dignidad de los tamaulipecos dijo que, sin embargo, esperarán un tiempo prudente para esperar que el afectado acuda a denunciar la agresión.
“La ley de la Comisión de Derechos Humanos le da la posibilidad al organismo de que en ciertos casos pueda iniciar una investigación de oficio cuando conozca de hechos donde hay violación a derechos fundamentales. Sin embargo tenemos que esperar un tiempo prudente para ver si el comunicador acude ante nosotros” indicó.
Dijo que la Codhet está enterada de lo sucedido en base a la información que se ha difundido en los medios.
El lunes pasado. el periodista Figueroa Vitela fue esposado por agentes de la Policía Estatal Acreditable, que actuaron por órdenes de elementos de seguridad al servicio del dirigente estatal del PANAL, Mariano Lara Salazar. El motivo fue presuntamente que el comunicador intentaba entrar sin gafete a una conferencia de prensa del líder nacional del partido, Luis Castro Obregón, en el Polyforum Victoria.
Roel Paulín explicó que a la fecha suman poco más de 260 denuncias en contra de agentes de la Policía Estatal Acreditable. Los principales motivos de queja son allanamiento de morada, detenciones ilegales, golpes y otros.
Las denuncias contra los policías se han incrementado durante el presente año aunque la investigación se dificulta porque por lo general los hechos ocurren con ausencia de testigos.
Durante el presente año solamente han sido emitidas cuatro recomendaciones en igual número de quejas contra Policías Estatales.
“La recomendación va dirigida al Secretario de Seguridad Pública para que de vista al órgano de Control Interno, quien en base a una investigación determinara las sanciones a imponer” mencionó.
En la resolución debe incluirse la reparación del daño a la víctima, que va desde una indemnización económica hasta atención médica o psicológica.
