Por Rogelio Rodríguez Mendoza||#Noticentro.mx
Las personas que mientan deliberadamente ante una autoridad podrían enfrentar penas de hasta 10 años y ocho meses de prisión en Tamaulipas, cuando sus declaraciones falsas provoquen que alguien pierda injustamente su libertad, sufra daños graves a su salud o resulte perjudicado económicamente.
Lo anterior, en caso de que prospere una iniciativa de reforma al Código Penal presentada por la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien plantea aumentar hasta en una tercera parte las penas previstas para quienes incurran en el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad.
Actualmente, determinadas modalidades de falsedad en declaraciones se castigan con penas de cuatro a ocho años de prisión, por lo que la sanción máxima podría elevarse a casi 11 años si se aplica ese incremento.
Sin embargo, el agravamiento de la pena únicamente procedería cuando se demuestre que la persona mintió intencionalmente ante una autoridad y que esa falsedad ocasionó consecuencias graves a un tercero.
Entre esas consecuencias se contempla que una persona sea privada injustamente de su libertad, resulte afectada gravemente en su salud física o mental, o sufra pérdidas económicas importantes.
Al presentar la iniciativa durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado celebrada este martes, Salazar Mojica aclaró que no se pretende castigar cualquier mentira, error o equivocación cometida durante una declaración ante las autoridades.
“No es lo mismo faltar a la verdad que utilizar una mentira para ocasionar que alguien pierda su libertad”, sostuvo la legisladora al justificar el endurecimiento de las sanciones.
Precisó que el incremento de la pena tampoco sería automático, pues tendría que acreditarse la falsedad intencional, la gravedad del daño ocasionado y la relación directa entre ambos hechos.
La propuesta establece además límites para evitar que una misma consecuencia sea sancionada dos veces o que se acumulen indebidamente agravantes durante el proceso penal.
Salazar Mojica argumentó que la reforma busca impedir que las instituciones y los procedimientos legales sean utilizados para perjudicar injustamente a otras personas, especialmente cuando las mentiras ponen en riesgo su libertad, salud o patrimonio.
