Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El atropello cometido éste lunes contra el periodista, José Inés Figuera Vitela, dibuja a la perfección el grado de analfabetismo de la ley que padece la Policía Estatal Acreditable (PEA).
Esposar y arrestar al comunicador por el simple hecho de no portar un gafete para ingresar a una conferencia de prensa del dirigente nacional del PANAL, Luis Castro Obregón, demuestra que quienes se suponen tienen como encomienda principal velar por la seguridad de los ciudadanos, carecen de la mínima idea de cuáles son sus obligaciones y derechos.
Ellos suponen que por portar una credencial que los acredita como policías están en posibilidades o facultades de hacer arrestos o detenciones a su antojo. Ellos no saben que hay una Constitución Política que contiene derechos fundamentales para evitar precisamente lo que le ocurrió al periodista Figuera Vitela.
Desconocen por igual que cuando se incurre en violación a esos derechos establecidos en la Carta Magna y en las leyes, la consecuencia es severa. Esperamos en verdad que quienes incurrieron en ese abuso reciban un castigo ejemplar.
De otra forma, permitir que los excesos de los policías queden en una simple llamada de atención será riesgoso por todos lados. Tolerar la impunidad será como una invitación al resto de los policías a incurrir en esas prácticas bajo el entendido de que “no pasa nada”.
En cambio, sancionar con dureza a los responsables será un buen mensaje para el resto de los miembros de la corporación, de que su charola no es patente para abusar.
Y es que, sin exagerar, lo sucedido en el Polyforum Victoria con el compañero periodista preocupa en demasía. Si no repararon en recurrir al exceso y atropello para hacer el arresto público de un comunicador, ¿Usted se imagina lo que pueden estar haciendo esos policías cuando están lejos del ojo ciudadano?.
No es que pidamos o exijamos trato privilegiado para el periodista. No. Lo que se intenta aquí destacar es el hecho de que si los policías no se inmutaron para violentar derechos fundamentales de una persona con cierta representación social, mucho menos habrán de hacerlo con un ciudadano común cuando operan bajo el amparo del anonimato y sin testigos de por medio.
De hecho hay evidencias contundentes de esos excesos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), tiene debidamente documentadas poco más de 200 quejas ciudadanas por abusos de Policías Estatales.
Casi ninguna ha procedido por una sencilla razón: es la palabra de la víctima contra la de los Policías. Es decir, los abusos cometidos por los agentes se hacen precisamente bajo la ausencia de testigos.
Por todo ello resulta urgente que quienes tienen a su mando la Policía Estatal hagan algo al respecto. Quedarse “cruzados de brazos” sería tanto como darles luz verde a esos policías para que sigan abusando de la población, lo cual sería lamentable por cualquier lado que se le vea.
ASI ANDAN LAS COSAS.
