Por Jorge Fernández Menéndez.
Hay veda electoral para los partidos, los candidatos, los medios, pero no para los violentos que siguen violando la ley con toda impunidad, que lo mismo toman un aeropuerto internacional que matan a un candidato en Chalco, que proclaman a los cuatro vientos que van a cometer un grave delito federal y que son recibidos para negociar su impunidad. Para esa minoría violenta que busca conculcar el derecho de la ciudadanía de votar y ser votado, de elegir a sus autoridades, no hay veda.
Me asombra que las autoridades, todas, sigan manejando la tesis de la negociación con esos grupos violentos y que en esos “pliegos petitorios” (en realidad una suma de chantajes) se incluya de todo, desde la desaparición de la Reforma Educativa (cuando es una norma constitucional que ningún ejecutivo puede cancelar) hasta la liberación de los secuestradores de niños, miembros de la guerrilla y de la Sección 22, detenidos, desde la aparición con vida de los jóvenes muertos en Iguala, hasta cancelar las elecciones. Me asombra aún más, porque el propio líder de la Sección 22, Rubén Núñez, lo ha dicho con toda claridad: más allá de la negociación del pliego petitorio, el boicot a las elecciones, la destrucción del material electoral y el bloqueo de casillas no es negociable, seguirá adelante hasta el 7 de junio. Y entonces, si eso que sería lo único que se podría negociar, no es negociable, ¿para qué diablos negociar?
En realidad, los líderes de la Coordinadora tendrían que estar declarando ante el Ministerio Público, no negociando con el subsecretario Luis Mirandaun pliego petitorio, sencillamente, imposible, política, social y humanamente, de cumplir. La cantidad de delitos que han cometido en los últimos días es inabarcable: sólo la destrucción de material electoral amerita prisión preventiva, mientras que el robo del armamento de los policías que resguardaban las instalaciones del INE, en Oaxaca, obliga a un proceso federal para los atacantes. No hablemos del desalojo de los militares que resguardaban las oficinas electorales: una imagen intolerable. En este caso, ni siquiera se puede argumentar que no se podía identificar a los vándalos: los encabezan, con la cara descubierta, varios de los líderes de la Sección 22. Violencia, saqueo, robo de armamento, todo quedó y queda impune.
No es políticamente correcto pedir que se repriman con la ley en la mano estos hechos, pero es imprescindible. Incluso se podría hablar hasta de una represión preventiva. Un ejemplo: los grupos de la Coordinadora y los normalista asociados están, desde semanas atrás, secuestrando camiones y autobuses. Han robado también miles de litros de gasolina y diesel, incluso pipas con todo y combustible. Esos camiones, camionetas, carros, están en las instalaciones sindicales, en normales, en predios controlados por estos grupos. Se comunican por radios, teléfonos satelitales, celulares. ¿Sería tan difícil bloquearlos, desactivar sus redes de comunicación, impedirles el paso en sus traslados, detener a dirigentes que están anunciando públicamente que van a cometer un delito federal grave?
Off the record, se dice que el problema es que detrás de esos grupos hay organizaciones armadas que podrían reaccionar con más violencia aun. Es verdad, lo sabe todo el mundo. Pues bien, precisamente por la presencia de esas organizaciones armadas que no firman sus operaciones, pero operan, que no se atribuyen secuestros pero los realizan (ahí está el caso de los niños en Oaxaca), que no reivindican bombazos pero los ejecutan, el Estado también tiene una obligación para con la ciudadanía que sufre ese accionar.
Porque, no nos equivoquemos. El que haya habido en este proceso electoral más de 20 muertos relacionados con el mismo, el más reciente el de Miguel Ángel Luna Munguía, candidato a diputado federal del PRD por Valle de Chalco, es una demostración de que la tolerancia con ese tipo de violencia “social” (así le llaman) activa la violencia a secas, porque todos se saben y se sienten impunes. ¿Si se puede prender fuego a un palacio de gobierno, a un Congreso, si se puede robar, saquear, vandalizar, ¿por qué no se podría asesinar, sea por razones políticas o meramente personales? Y ello seguirá sucediendo, en la misma medida en que se mantenga la impunidad sobre estos delitos.
No es algo nuevo, la Coordinadora y los grupos que están detrás y junto a ella, vienen haciendo lo mismo desde hace 30 años. Lo que ocurre es que al no encontrar resistencia suben, aumentan cada día más, su desafío, su beligerancia. Pero nunca habían desafiado al Estado y a la ciudadanía como ahora: poniendo en riesgo, tratando de impedir unas elecciones federales. No estamos hablando de algunas casillas, sino del derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades. ¿Eso se puede negociar con un grupo de vándalos?
