Por Redacción Noticentro.mx
Jorge Fernández González recuperó su libertad, pero nadie podrá devolverle los nueve años que pasó en prisión. Por eso, ahora emprenderá acciones legales contra el Estado para reclamar una indemnización y contra dos agentes del Ministerio Público a quienes acusa de haber manipulado pruebas para inculparlo del feminicidio de su esposa, la española María del Pilar Garrido Santamans.
Fernández abandonó el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria a las 22:30 horas del miércoles, luego de que la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dio cumplimiento a una sentencia de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito del Poder Judicial Federal.
«Él solo quiere que se haga justicia. Primero, va a exigir que la Fiscalía General de Justicia reabra la investigación para que el crimen de su esposa y madre de su hijo no quede impune, porque definitivamente alguien lo cometió. Y segundo, va a proceder contra el Estado para reclamar una indemnización por el daño moral, económico y psicológico que sufrió durante estos nueve años encarcelado», reveló su abogado, Martín Lozano Méndez.
La decisión de Jorge, explicó, también incluye proceder por la vía penal y administrativa contra dos agentes del Ministerio Público que, según denuncia, manipularon deliberadamente evidencias para sostener la acusación que terminó con una condena de 47 años de prisión.
El litigante precisa, sin embargo, que fue la Fiscalía que encabezó, Irving Barrios Mojica, la responsable de encarcelar sin evidencias a Jorge.
«Quiero aclarar que todo esto ocurrió durante la Fiscalía que encabezaba Irving Barrios Mojica. La actual Fiscalía de Justicia no tuvo intervención en ese asunto. También quiero reconocer la independencia y autonomía de la Sala Colegiada del Poder Judicial del Estado para acatar la sentencia de amparo», añadió.
Los agentes del Ministerio Público a quienes acusará son Adelfo Gabriel González Pérez y Mireya Maldonado Villegas.
Entre las presuntas irregularidades que les atribuye figura la manipulación de evidencias relacionadas con la necropsia practicada a María del Pilar Garrido, cuyos resultados, asegura el defensor, fueron tergiversados para fortalecer la acusación contra su cliente.
Lozano Méndez afirma que dispone de elementos para sustentar sus señalamientos y que buscará que las autoridades investiguen la posible comisión de delitos como abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones.
QUIERE SENTAR UN PRECEDENTE EN TAMAULIPAS.
El abogado considera que la batalla jurídica que está por iniciar podría sentar un precedente en Tamaulipas, porque asegura que no existe un antecedente semejante de una persona que, después de ser encarcelada y posteriormente absuelta, reclame al Estado una reparación integral por las afectaciones sufridas.
Explicó que recurrirán a las vías civil y administrativa para reclamar la responsabilidad del Estado a través de las instituciones que participaron en el proceso, al considerar que existieron actuaciones deficientes que terminaron privando de la libertad a una persona durante más de nueve años.
No se trata solamente de reclamar dinero. La intención, dijo, es que se reconozcan las consecuencias de una acusación que le costó a Jorge buena parte de su vida, la convivencia con su familia y la posibilidad de ver crecer a su hijo.
«Es muy fácil para los funcionarios decir: yo hice mi trabajo», cuestionó Lozano Méndez, convencido de que quienes participaron en el proceso no pueden desentenderse de lo ocurrido simplemente porque un tribunal federal terminó echando abajo la condena.
El litigante recordó que durante años estuvo denunciando deficiencias en la investigación y en la forma en que la Fiscalía presentó las pruebas ante los tribunales, sin que sus argumentos fueran atendidos favorablemente hasta que intervino nuevamente la justicia federal.
A su juicio, la evolución del sistema jurídico mexicano en materia de derechos humanos ya no permite que los errores, negligencias o posibles abusos de las autoridades queden sin consecuencias.
Sostuvo que existen disposiciones legales y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permiten reclamar responsabilidades por actuaciones irregulares de servidores públicos, aunque será necesario acreditar los daños y las conductas que se denuncien.
Lozano Méndez insiste en que no se trata de una revancha personal contra quienes participaron en el juicio. Lo que pretende, explicó, es que se establezca una responsabilidad y que situaciones como la que vivió su defendido no vuelvan a repetirse.
«No es una revancha», aclaró durante la conversación, al reconocer que la nueva batalla judicial será complicada y podría generar inconformidades entre quienes intervinieron en el proceso original.
NO ACEPTA QUE TODO SE REDUZCA A PRUEBAS.
Hay otro aspecto que el abogado considera indispensable aclarar: el verdadero alcance de la sentencia federal que permitió la liberación de Jorge Fernández.
Lozano Méndez no comparte que la resolución sea interpretada únicamente como un caso de insuficiencia de pruebas, porque sostiene que el tribunal fue contundente al establecer que la Fiscalía nunca demostró que su cliente hubiera asesinado a María del Pilar Garrido.
La acusación sostenía que el 2 de julio de 2017 Jorge había golpeado, derribado y estrangulado a su esposa en una brecha de la carretera a Soto la Marina, provocándole lesiones que ocasionaron su muerte.
Sin embargo, asegura, durante todo el proceso la Fiscalía fue incapaz de acreditar que los hechos ocurrieron de esa manera y que Fernández González fue quien privó de la vida a la ciudadana española.
«No estamos hablando de insuficiencia de pruebas, estamos hablando de que en la vertiente de la defensa hay contundencia en que Jorge no fue el que mató o privó de la vida a su esposa», afirmó.
Para el litigante, el fallo federal significa que no se acreditó responsabilidad penal de su defendido y respalda la inocencia que sostuvo desde el primer día de su detención.
Lozano Méndez insistió en que el contenido del amparo es mucho más contundente de lo que pudiera desprenderse de una explicación meramente jurídica.
TAMBIÉN QUIERE JUSTICIA PARA SU ESPOSA.
Pero Jorge Fernández no solamente quiere que el Estado responda por los años que estuvo encarcelado. También pretende que la Fiscalía retome la investigación del asesinato de María del Pilar Garrido para esclarecer quién cometió el crimen.
Su abogado explicó que la absolución deja abierta una pregunta que las autoridades deben responder: si Jorge no fue penalmente responsable de la muerte de su esposa, ¿quién la mató?
Por eso buscarán que la institución investigadora explore otras líneas que permitan identificar al responsable o responsables, porque la liberación de su cliente no significa que el feminicidio de la española deba quedar impune.
María del Pilar desapareció el 2 de julio de 2017, cuando regresaba de La Pesca con su esposo y el pequeño hijo de ambos. Semanas después fueron localizados sus restos y la investigación terminó concentrándose en Fernández González.
Fue detenido en agosto de aquel año y, en enero de 2019, recibió una condena de 47 años de prisión. Desde entonces, su defensa promovió diversos recursos para combatir la sentencia, hasta conseguir el amparo que finalmente permitió su liberación.
LA DIFÍCIL TAREA DE RECUPERAR SU VIDA.
Durante la entrevista, Lozano Méndez también habló del estado de ánimo de su defendido, quien apenas comienza a asimilar que ya no tendrá que regresar a una celda después de pasar más de nueve años encerrado.
Cuenta que Jorge está feliz, pero también sorprendido por los cambios que encuentra a su alrededor. Hay establecimientos que no conocía, lugares que se transformaron y una vida cotidiana a la que deberá acostumbrarse nuevamente.
Además de las secuelas psicológicas que pudiera enfrentar, tendrá que realizar diversos trámites para recuperar derechos y documentos personales, entre ellos su credencial para votar.
Uno de sus principales deseos es viajar a Valencia, España, para reencontrarse con su hijo, quien actualmente tiene diez años y con quien mantuvo comunicación durante su estancia en prisión.
Aunque nunca perdieron el contacto, padre e hijo dejaron de compartir nueve años de convivencia. Ese tiempo, como reconoce su abogado, es precisamente una de las pérdidas que ninguna indemnización podrá devolverle.
Lozano Méndez recordó que la liberación llegó después de semanas de incertidumbre, durante las cuales el tribunal estatal solicitó dos prórrogas para cumplir la sentencia de amparo.
La segunda estaba próxima a vencer cuando finalmente, la noche del miércoles 28 de octubre, se emitió la resolución que permitió a Jorge abandonar el penal de Ciudad Victoria.
Ahora, mientras intenta reconstruir su vida, Fernández González se prepara para regresar a los tribunales. Ya no para defenderse de una acusación de feminicidio ni para conseguir su libertad, sino para exigir que el Estado responda por los nueve años que pasó en prisión.
Su abogado sabe que no será fácil. Pero insiste en que los errores, las negligencias y los posibles abusos cometidos durante una investigación penal no pueden resolverse con un simple reconocimiento de que las pruebas fueron insuficientes.
Para Jorge, la libertad llegó después de nueve años. La justicia que ahora reclama, asegura su defensa, todavía está pendiente.
