Por José de Jesús Velázquez.
Para evitar que se repitan las irregularidades en que incurrieron anteriores administraciones municipales al momento del proceso de entrega-recepción, con la desaparición de documentación financiera, el diputado del PRI, Heriberto Ruiz Tijerina, presentó una iniciativa de decreto para imponerle a los Contralores Municipales la obligación de salvaguardar los archivos con al menos seis meses de anticipación al término del trienio.
La acción legislativa, que será analizada en Comisiones, consiste en incorporar una fracción X al artículo 72 quater del Código Municipal del estado de Tamaulipas, cuyo texto impondrá una nueva facultad al Contralor del municipio.
“El Contralor Municipal, seis meses antes de que finalice la administración pública municipal, deberá tomar las previsiones y acciones para garantizar en todo momento la salvaguarda documental y electrónica del municipio, a fin de conservar la existencia de la misma para el proceso de entrega recepción y evitar la sustracción de información” señala la adición propuesta.
En la exposición de motivos, el legislador refirió que al inicio de la actual legislatura se recibieron diversas quejas en donde la constante de las autoridades entrantes, fue en el sentido de que algunos presidentes salientes no dejaron documentación o la que entregaron estaba incompleta.
Además incumplieron el pago a proveedores aun cuando sus servicios fueron entregados y recibidos por la autoridad saliente, y en muchas ocasiones no registraron el pasivo, presentando una argumentación nula para justificar la falta de ésta, toda vez que para la asignación o prestación de un servicio debió estar garantizada la partida presupuestal como parte del proceso administrativo y de fiscalización que debe observar la Auditoria Superior y el propio Contralor Municipal.
Para evitar que esos vicios o irregularidades se repitan con las actuales administraciones municipales, dijo, es necesario crear mecanismos legales que reduzcan ese riesgo.
De esa manera, el Contralor Municipal deberá asegurarse seis meses antes del término del ejercicio Gubernamental, de que toda la información esté disponible.
