Por José de Jesús Velázquez.
Con el voto unánime de todas las bancadas parlamentarias, el Pleno del Congreso local aprobó las reformas a la Ley del Transporte del Estado, que buscan fortalecer, modernizar y eficientar el servicio.
Durante la sesión ordinaria celebrada éste miércoles, en el salón Petroquímicos de la sección siete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Energía y Gases del municipio de Altamira, los legisladores avalaron la iniciativa del Ejecutivo local.
El dictamen elaborado por las Comisiones de Comunicaciones y Transporte y la de Estudios Legislativos, detalla que el fortalecimiento del transporte público en Tamaulipas era una asignatura pendiente por parte del Ejecutivo del estado.
“Es de señalarse que las reformas a la Ley de Transporte del Estado que hoy nos ocupan son producto de un amplio análisis y del consenso adoptado en el seno de las comisiones dictaminadoras por las diferentes fuerzas políticas representadas en esta Legislatura, lo que se logró después de diversas reuniones de trabajo y de muchas horas de estudio y discusión, que nos permitieron tomar importantes acuerdos para perfeccionar y fortalecer el proyecto de decreto que se presenta a la consideración del Pleno Legislativo a través de este dictamen” detallaron los legisladores.
Y añaden : “el transporte público en Tamaulipas, es un servicio fundamental y una de las actividades más directamente relacionadas con la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que en opinión de estas dictaminadoras resulta importante implementar mecanismos que puedan satisfacer las expectativas de los usuarios referidas al confort, información, accesibilidad, seguridad, servicio ofertado e impacto ambiental y al tiempo de traslado al momento de realizar cada una de sus actividades cotidianas”.
Con la reforma, ningún vehículo con más de cinco años de antigüedad podrá incorporarse al servicio del transporte público del Estado. Los actuales concesionarios tendrán tres años a partir de la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado, para que renueven su parque vehicular. En caso de incumplir se les cancelara la conexión.
“Con el propósito de eficientar y elevar la calidad del servicio público de Transporte, se establece que en el caso de otorgamiento de la concesión para el servicio de transporte público de pasajeros, en la modalidad de ruta con capacidad de más de diez pasajeros, deberá prestarse exclusivamente en unidades cuya antigüedad no exceda de cinco años, lo cual coadyuvara a modernizar el transporte público en el Estado” detalla el dictamen.
La ley contiene ahora en su texto un título décimo segundo denominado “Del Sistema Empresarial”, que fomentara la organización de los concesionarios en agrupaciones por ruta para que de esa forma puedan obtener mayores beneficios.
Se aplicarán sanciones severas a quienes, por ejemplo, presten el servicio sin contar con la concesión necesaria; incrementen la tarifa vigente; alteren el itinerario u horario de las rutas o coloque publicidad en los vehículos sin autorización de la autoridad competente o conduzcan una unidad bajos los influjos del alcohol o la droga.
Las multas van desde los 40 hasta los 500 días de salario mínimo vigente dependiendo del concepto de violación. La más alta es la que se aplicara a quienes sin concesión presten el servicio. La sanción irá de los 280 hasta los 500 salarios mínimos.
Cuando un chofer sea sorprendido ebrio o drogado, el concesionario será multado hasta con 200 salarios mínimos.
Cada concesionario deberá ceder al Gobierno el 15% de los espacios de sus vehículos para difundir publicidad relacionada, principalmente, con temas de salud y protección civil.
Los microbuses y taxis deberán contar con sistemas de seguimiento y ubicación conocidos como Gps, y en el caso de los segundos tendrán que ser adaptados con taxímetros.
Con ello se contribuye a contar con métodos de cobro eficaces y acordes al tipo de pago por el servicio de transporte que se va a utilizar, así como a llevar un control en el conteo de pasajeros que usan el transporte público y tener la certeza de la ubicación de las unidades en las rutas y las bases.
