Por Redacción Noticentro.mx
En Tamaulipas, agentes de Tránsito y operadores de grúas siguen pasando por encima de una reforma que prohíbe llevarse vehículos al corralón cuando sus propietarios están presentes, mientras las autoridades obligan prácticamente a los afectados a emprender una batalla legal para defender sus derechos.
La disposición, aprobada por el Congreso de Tamaulipas en marzo de 2026, modificó el artículo 26 de la Ley de Tránsito para impedir arrastres innecesarios y proteger a los automovilistas de cobros por maniobras y servicios de grúa.
Sin embargo, persisten denuncias sobre agentes viales y operadores de grúas que se niegan a devolver los vehículos, aun cuando sus propietarios llegan antes de que comience el traslado y exigen el cumplimiento de la legislación.
Lo más cuestionable ocurre cuando los ciudadanos acuden a las direcciones de Tránsito para reclamar estas irregularidades y reciben como respuesta la recomendación de presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
En los hechos, esa postura traslada al automovilista la carga de combatir una actuación presuntamente ilegal mediante un procedimiento que implica tiempo, gastos y desgaste, mientras los responsables del arrastre evitan una solución inmediata.
LA LEY ORDENA BAJAR EL VEHÍCULO
El artículo 26 establece expresamente que, cuando el propietario o conductor se encuentre presente o llegue antes de que la grúa inicie el traslado, tanto el agente como el operador deben suspender el retiro.
La obligación incluye bajar el automóvil cuando ya se encuentre sobre la plataforma, sin exigir pago alguno por maniobras o arrastre, aunque la autoridad conserva la facultad de imponer la infracción correspondiente.
La excepción aplica cuando el conductor está impedido para manejar por falta de aptitud o intoxicación comprobada, sin perjuicio de otros aseguramientos que tengan una causa jurídica distinta.
Por lo tanto, el simple hecho de haber enganchado o subido un automóvil a la grúa no autoriza su traslado al corralón si el propietario se presenta oportunamente y puede hacerse cargo de la unidad.
LOS AGENTES PUEDEN SER DENUNCIADOS
La legislación también contempla mecanismos para exigir responsabilidades a los servidores públicos que incumplan sus obligaciones, sin que necesariamente deba promoverse primero un juicio administrativo.
El artículo 14 Ter permite denunciar los arrastres injustificados ante Asuntos Internos, los órganos municipales de disciplina o el órgano interno de control correspondiente.
Dependiendo de la conducta acreditada y de la resolución de la autoridad competente, los agentes involucrados pueden enfrentar sanciones administrativas que incluyen amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación.
Incluso existe la posibilidad de presentar una denuncia penal cuando los hechos reúnan los elementos de algún delito.
EL CIUDADANO PAGA LAS CONSECUENCIAS
El problema se agrava cuando las autoridades de Tránsito, en lugar de revisar las actuaciones de sus elementos y atender las denuncias, remiten a los ciudadanos a un tribunal para reclamar la nulidad del arrastre y la devolución de cobros indebidos.
Aunque esa vía legal existe, no sustituye las obligaciones de supervisión y disciplina que corresponden a las propias autoridades municipales frente a posibles irregularidades de sus agentes.
Además, el artículo 14 Quater establece responsabilidades para los prestadores de servicios de grúa y depósito por daños o robos relacionados con el arrastre, que pueden dar lugar a reparaciones o indemnizaciones.
La reforma entró en vigor el 25 de marzo de 2026 y, desde entonces, los agentes y operadores están obligados a respetarla, sin que su cumplimiento dependa de la voluntad de quienes intervienen en el retiro.
