Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Reynosa y Tampico encabezan las regiones de Tamaulipas con mayor incidencia de fraudes, al concentrar 819 de las mil 576 denuncias presentadas durante los primeros nueve meses del año ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Las estadísticas oficiales revelan que Reynosa ocupa el primer lugar con 437 carpetas de investigación, seguida de Tampico con 382, lo que significa que ambas regiones concentran casi el 52 por ciento de los casos denunciados.
En tercer lugar aparece Ciudad Victoria, con 336 denuncias, mientras que Matamoros acumula 218, El Mante 103 y Nuevo Laredo 100, de acuerdo con los registros de la Fiscalía.
Las cifras corresponden a las seis regiones en que la institución divide territorialmente sus investigaciones, por lo que incluyen denuncias de los municipios comprendidos en cada una de ellas.
En conjunto, Reynosa, Tampico y Victoria acumulan mil 155 carpetas de investigación, equivalentes al 73.3 por ciento de los fraudes denunciados en Tamaulipas entre enero y septiembre.
El comportamiento mensual revela que julio fue el periodo con mayor incidencia, al registrarse 225 denuncias, seguido de septiembre con 207 y junio con 183.
En contraste, enero fue el mes con menos denuncias, al contabilizar 139 casos, cifra que aumentó a 149 en febrero, 164 en marzo y 175 en abril.
Las estadísticas también muestran que septiembre registró un incremento del 21.8 por ciento respecto a agosto, cuando se iniciaron 170 carpetas de investigación por este delito.
Sin embargo, las cifras únicamente representan los hechos denunciados ante el Ministerio Público, por lo que no incluyen aquellos casos en los que las víctimas optaron por no acudir ante las autoridades.
El artículo 417 del Código Penal de Tamaulipas establece que comete fraude quien, mediante engaños o aprovechándose del error de otra persona, obtiene ilícitamente bienes, dinero o algún beneficio económico indebido.
El artículo 419 establece penas de tres meses a dos años de prisión cuando el monto defraudado no supera las 150 UMA; de dos a seis años cuando excede esa cantidad sin rebasar las 300 UMA, o no puede determinarse su cuantía; y de seis a doce años cuando supera las 300 UMA.
La sanción puede incrementarse hasta dos años adicionales cuando se utilizan maquinaciones o artificios para conseguir que la víctima entregue sus bienes, por lo que la pena máxima puede alcanzar los 14 años de prisión.
