Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
El Congreso del Estado aprobó una reforma para que la omisión total o parcial del pago de la pensión alimenticia sea reconocida expresamente como una forma de violencia económica contra las mujeres dentro de la legislación estatal.
La modificación fue realizada al artículo 3, inciso e), de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Con el cambio, la ley establece que constituye violencia económica cualquier acción u omisión que afecte la supervivencia económica de la mujer, incluyendo ahora de manera expresa el incumplimiento total o parcial de la obligación alimentaria.
El dictamen señala que la falta de pago de pensiones alimenticias afecta directamente la estabilidad económica de las mujeres y repercute en el bienestar de niñas, niños y adolescentes que dependen de esos recursos para su alimentación, salud y educación.
Las comisiones dictaminadoras argumentaron que, aunque el incumplimiento de la pensión podía interpretarse previamente como una forma de violencia económica, la ausencia de una referencia expresa limitaba la aplicación directa de mecanismos de protección previstos en la ley.
Con la reforma, las instituciones encargadas de atender la violencia contra las mujeres contarán con una base legal específica para identificar esta conducta como violencia económica y activar de manera más directa las medidas de atención y protección contempladas en la legislación.
El dictamen también destaca que la modificación fortalece el marco jurídico para que las mujeres puedan exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria con mayor certeza legal y visibiliza una práctica que afecta de manera recurrente a madres, niñas, niños y adolescentes.
Además, se busca que las autoridades dispongan de herramientas normativas más precisas para la atención de estos casos, al tiempo que se promueve una mayor corresponsabilidad de los padres en el sostenimiento económico de sus hijos.
