Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Las penas por pederastia podrían aumentar hasta 27 años de prisión en Tamaulipas cuando el agresor utilice violencia física, además de perder la patria potestad y otros derechos familiares, según una iniciativa presentada en el Congreso del Estado.
La propuesta fue promovida por el diputado de Morena, Humberto Armando Prieto Herrera, mediante una reforma al artículo 198 Bis del Código Penal del Estado, con el propósito de homologar la legislación local con el Código Penal Federal y fortalecer la protección de menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, el delito de pederastia se castiga con penas de nueve a 18 años de prisión y multas de 750 a 2 mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, la iniciativa plantea aumentar la sanción hasta en una mitad más cuando el responsable haga uso de violencia física.
La reforma también establece que las mismas penas se aplicarán cuando la víctima sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, ampliando así la protección penal para sectores especialmente vulnerables.
Otro de los cambios propuestos consiste en someter al responsable a tratamiento médico integral durante el tiempo que sea necesario, sin que éste pueda exceder la duración de la pena de prisión impuesta por la autoridad judicial.
Además, el sentenciado perdería, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y cualquier derecho que pudiera tener sobre los bienes de la víctima, conforme a la legislación civil vigente.
La iniciativa incorpora también una agravante para los casos en que el delito sea cometido por servidores públicos o profesionistas aprovechando el ejercicio de sus funciones. En esos supuestos, además de la pena de prisión, el responsable sería inhabilitado, destituido o suspendido de su cargo o profesión por un periodo igual al de la condena impuesta.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma busca cerrar vacíos legales, armonizar la legislación estatal con la federal y garantizar sanciones más eficaces para prevenir la reincidencia y fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas que, por su condición, enfrentan mayores riesgos de sufrir abusos sexuales.
