Por Rogelio Rodríguez Mendoza||Noticentro.mx
El Partido Acción Nacional está proponiendo la castración química y la “muerte civil” para los violadores y agresores sexuales de menores de edad, con el argumento de que quienes destruyen la vida de una niña o un niño deben enfrentar consecuencias que los persigan incluso después de abandonar la cárcel.
En concreto, la propuesta adiciona el artículo 279 Sexies al Código Penal estatal para facultar a los jueces a ordenar la castración química —denominada en el texto como tratamiento médico de regulación de la impulsividad sexual— por hasta 20 años, además de retirar a los sentenciados el acceso a becas, apoyos y demás programas gubernamentales de asistencia social.
La ofensiva legislativa del PAN incluye una segunda iniciativa dirigida al Congreso de la Unión para solicitarle que reforme el artículo 22 de la Constitución federal a fin de establecer expresamente que los tratamientos médicos destinados a disminuir la impulsividad sexual no sean considerados penas inusitadas o prohibidas. Con ello, se busca abrir la puerta constitucional para la aplicación de la castración química como una garantía de no repetición en delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Las propuestas fueron presentadas por el coordinador de la bancada panista, Gerardo Peña Flores, quien sostuvo que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas más severas frente a conductas que dejan secuelas permanentes en las víctimas y sus familias.
Durante la exposición de motivos, el legislador afirmó que la iniciativa busca cambiar el enfoque tradicional de las sanciones penales, privilegiando no solo la privación de la libertad, sino también acciones orientadas a atacar las causas que favorecen la reincidencia de algunos agresores sexuales.
Peña Flores argumentó que diversos estudios en materia de psicología criminal señalan que parte de los delincuentes sexuales presentan dificultades para regular sus impulsos sexuales, por lo que países como Estados Unidos, Colombia, Perú y varias naciones europeas han incorporado tratamientos médicos para reducir el riesgo de nuevos ataques sexuales.
El diputado rechazó que la medida pueda considerarse una pena cruel o contraria a los derechos humanos. Por el contrario, sostuvo que se trata de una herramienta de protección social basada en el principio de no repetición, que busca equilibrar los derechos de las víctimas con los derechos de los sentenciados.
“Una persona que se ha atrevido a agraviar a un menor y que le afectará durante su vida entera, pues el agraviante también sufra durante su vida entera las consecuencias”, expresó desde la tribuna legislativa. También señaló que quienes cometen este tipo de delitos no deberían ser beneficiarios de programas públicos financiados con recursos de los contribuyentes.
La iniciativa cita datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, según los cuales los delitos sexuales representan el cuarto ilícito más frecuente contra las mujeres en México, con una tasa de 4 mil 160 casos por cada 100 mil habitantes. Además, las denuncias por acoso sexual crecieron 1,146 por ciento entre 2015 y 2023, mientras que el hostigamiento sexual aumentó 3,444 por ciento y las denuncias por violación 144 por ciento.
El documento también advierte que la impunidad sigue siendo una constante. Con base en cifras del INEGI, refiere que por cada 157 delitos sexuales cometidos apenas una persona termina en prisión. A ello se suma que cuatro de cada diez víctimas de violación son menores de 15 años y que, en muchos casos, los agresores forman parte del entorno familiar o cercano de las víctimas.
