Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Con el voto en contra de PAN, MC y PRI, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la minuta de reforma constitucional del Poder Judicial Federal, entre cuyos cambios más relevantes es el aplazamiento de la elección judicial hasta el 2028.
Durante la sesión ordinaria celebrada este viernes, la legislatura de Tamaulipas se sumó a los congresos locales que han dado el aval a la modificación de la carta magna del país.
La minuta fue el primer punto de la orden del día. La morenista, Silvia Chávez Garay, pidió que se dispensara el turno a comisiones y se debatiera de inmediato.
De esa manera, el documento fue aprobado con 25 votos a favor de Morena y PT, y siete en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La reforma judicial quedará vigente una vez que reciba el aval de al menos 17 legislaturas estatales, entre los que ya figura la de Tamaulipas.
La minuta, modifica diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para redefinir el modelo de integración, renovación y elección de juzgadores federales y locales.
Uno de los puntos centrales establece que la renovación de la totalidad de los cargos judiciales deberá concluir en la elección federal de 2028, cuando coincidirán en una misma jornada los comicios judiciales federales y locales.
También se dispone que las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que actualmente se encuentran en funciones permanecerán en el cargo hasta 2028, aunque su periodo original concluya en 2027.
Además, la reforma establece que esos magistrados podrán participar nuevamente como candidatos en la elección federal de 2028 para buscar un nuevo periodo.
Otro de los cambios relevantes reduce de 11 a 9 el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de establecer una presidencia rotatoria cada dos años determinada por el número de votos obtenidos.
La minuta dispone que jueces, magistrados y ministros serán electos mediante voto libre, directo y secreto, en procesos organizados por el Instituto Nacional Electoral.
Para definir candidaturas, cada uno de los tres poderes de la Unión deberá conformar comités de evaluación integrados por especialistas en materia jurídica, quienes seleccionarán perfiles mediante criterios homologados y procesos de insaculación pública.
El Instituto Nacional Electoral será responsable de organizar las elecciones, realizar el cómputo de votos, declarar la validez de los resultados y entregar las constancias de mayoría.
