Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
La semana pasada, la Guardia Estatal volvió a mancharse de sangre con el asesinato de dos de sus elementos en Reynosa por parte de miembros del crimen organizado, con el agravante de que hay indicios de que los agentes victimados pudieron haber sido entregados por sus propios compañeros.
Si esa hipótesis termina confirmándose, Tamaulipas estaría frente a una tragedia institucional de dimensiones brutales, porque ya no hablaríamos únicamente de infiltración criminal sino que estaríamos frente a una traición desde adentro.
Sobre los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado ya abrió una investigación y una de las líneas más sólidas apunta hacia esa presunta complicidad de otros policías con quienes consumaron el doble homicidio.
Insisto: es algo para preocupar porque cuando un policía teme más a quienes portan el mismo uniforme que al delincuente que enfrenta en la calle, entonces significa que la corporación comenzó a pudrirse por dentro.
Lo peor es que nadie puede decir que el tema sorprende, porque desde
hace mucho tiempo circulan versiones en los pasillos de Seguridad Pública sobre una peligrosa contaminación criminal dentro de la Guardia Estatal, particularmente en los destacamentos fronterizos, y sobre todo Reynosa, que aparece una y otra vez en esas historias oscuras donde se mezclan filtraciones, complicidades, protección selectiva y silencios sospechosos.
El tema es serio porque la Guardia Estatal nació precisamente bajo la promesa de terminar con los vicios de la vieja Policía Estatal.
El discurso de aquel entonces señalaba que se estaba desapareciendo una corporación desgastada por la corrupción para construir una nueva policía, profesional, confiable y verdaderamente comprometida con la ciudadanía.
Se nos dijo que ahora sí habría controles estrictos, depuración permanente y cero tolerancia a los vínculos criminales.
No obstante, a la distancia está claro que la realidad terminó atropellando a ese discurso. Apenas cuatro años después de su nacimiento, la Guardia Estatal ya carga exactamente los mismos señalamientos que enterraron a la Policía Estatal. Quizá incluso peores. Porque hoy no solamente existen sospechas de corrupción. También existe miedo.
Miedo entre los propios elementos que diariamente salen a patrullar sin saber si alguien desde adentro filtró sus movimientos, sus rutas o sus operativos.
Y cuando una corporación policial llega a ese nivel de desconfianza interna, el problema deja de ser administrativo. Se convierte en un asunto de seguridad pública.
Y aquí cabe una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la contaminación?
¿Se limita a ciertos mandos regionales o escala hacia niveles más altos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública?
Porque sería ingenuo pensar que una estructura criminal puede operar durante años dentro de una corporación armada sin redes de protección. Las organizaciones delincuenciales no infiltran policías para jugar. Las infiltran para controlar territorios, mover información y garantizar impunidad.
Por eso resulta indispensable que el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, dé respuestas claras y contundentes.No bastan los comunicados institucionales ni los discursos de ocasión. La sociedad merece saber qué tan profunda es la crisis interna de la Guardia Estatal.
Y también merece saber si existe voluntad real para enfrentarla. Porque una depuración auténtica necesariamente tendría que tocar intereses, nombres y estructuras de poder. Hacer una “limpia” verdadera implica cortar complicidades. Y eso siempre genera resistencias.
Pero seguir simulando sería todavía peor.
Tamaulipas no puede darse el lujo de tener una corporación infiltrada justamente en el momento en que el crimen organizado vuelve a tensar varias regiones del estado. La tragedia de Reynosa debe servir como advertencia.
Porque cuando la delincuencia logra meter las manos dentro de una policía, deja de combatir al Estado desde afuera y comienza a hacerlo desde adentro. Y esa, quizás, es la forma más peligrosa de la corrupción.
El RESTO
CULPA A LOS MEDIOS.- El diputado morenista, Isidro Vargas Fernández, optó por el camino más cómodo: responsabilizar a los medios de comunicación por la oleada de críticas ciudadanas que ha provocado su iniciativa de reforma al Código Civil, presentada la semana pasada, con la que pretende reconocer el concubinato aun cuando el hombre mantenga un matrimonio vigente con otra persona, lo que en palabras llanas significa legalizar el amasiato.
En un intento por contener la polémica, el legislador declaró ayer que “algunos medios interpretaron erróneamente su propuesta”, y aseguró que el verdadero propósito de la iniciativa es “proteger los derechos de la infancia”.
Sin embargo, más allá de los argumentos discursivos, la realidad jurídica es otra. La propuesta exhibe, por lo menos, una seria inconsistencia legislativa, pues uno de los requisitos esenciales para acreditar el concubinato es precisamente que ninguna de las dos personas mantenga vínculo matrimonial con un tercero.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
