Por Rogelio Rodríguez Mendoza
La reforma que redefine los juicios contra el gobierno federal es perversa porque se diseñó para debilitar la defensa de los ciudadanos frente al poder público y alterar el equilibrio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acusó Imelda Sanmiguel Sánchez.
La senadora tamaulipeca del PAN, cuestionó la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al sostener que modifica las reglas del juicio administrativo en perjuicio de los particulares y reduce el papel del tribunal como contrapeso frente a la autoridad.
Dijo que, aunque el argumento central es agilizar los procesos mediante plazos más cortos y el uso de herramientas digitales, en los hechos se alteran las condiciones en que los ciudadanos enfrentan litigios contra el Estado, especialmente en materia fiscal.
Advirtió que el nuevo esquema tiende a favorecer a la autoridad al reducir los márgenes de defensa del ciudadano y concentrar mayores facultades en las instancias gubernamentales.
“El centro de la reforma es totalmente perverso y fortalece al gobierno de los servidores públicos en perjuicio de la ciudadanía y esta pésima reforma rompe su equilibrio, afecta la certeza jurídica y refleja la vocación autoritaria de Morena y del gobierno”, afirmó.
La senadora subrayó que la reducción de tiempos procesales, sin garantizar condiciones equitativas entre las partes, puede traducirse en desventajas reales para quienes buscan impugnar actos de autoridad.
Además, advirtió que la ampliación del procedimiento sumario y el fortalecimiento del juicio en línea podrían limitar la capacidad de respuesta de los particulares frente a la estructura institucional del Estado, sobre todo en litigios donde la autoridad cuenta con mayores recursos técnicos y jurídicos.
“Cada vez cuesta más abrir un negocio sin tener que dar sobornos, como ocurrió con la Fiscalía de la Ciudad de México. Debería de darles vergüenza. Ojalá que la reforma quede congelada porque no es para el bien de los ciudadanos”, expresó.
La reforma, aprobada entre finales de 2025 y principios de 2026, establece plazos más estrictos para la resolución de los juicios administrativos, amplía los supuestos para resolverlos por la vía sumaria y consolida el uso del juicio en línea como mecanismo principal.
También redefine criterios de procedencia para recursos de revisión y ajusta la tramitación de pruebas, lo que en la práctica reduce tiempos pero exige respuestas más rápidas de los particulares frente a las determinaciones de la autoridad.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la instancia encargada de resolver controversias entre ciudadanos y el Estado, particularmente en materia fiscal y administrativa, por lo que cualquier modificación a su funcionamiento impacta directamente en la posibilidad de impugnar actos de gobierno.
En ese contexto, la discusión no se limita a la eficiencia de los procesos, sino al alcance de los cambios sobre el equilibrio institucional y la certeza jurídica de quienes acuden a esta vía para defenderse de decisiones de la autoridad.
