Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La crisis de desapariciones en México dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en evidencia de un Estado rebasado e incapaz de responder, advierte Causa en Común al documentar el colapso del sistema de búsqueda e identificación frente a una tragedia que crece sin control.
A seis años de la entrada en vigor de la Ley General en la materia, el diagnóstico es demoledor. El modelo institucional diseñado para enfrentar las desapariciones no funciona y las instancias responsables operan sin capacidad real para contener el fenómeno.
El informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: el drama de los desaparecidos en México” sostiene que mientras el número de personas desaparecidas supera ya las 130 mil, las instituciones encargadas de su búsqueda, investigación e identificación están completamente rebasadas.
Uno de los datos más alarmantes es la brecha entre la magnitud del problema y la respuesta del Estado. Apenas existen 3 mil 869 carpetas de investigación frente a más de 130 mil casos, lo que refleja un rezago estructural en la procuración de justicia.
El documento advierte que, lejos de fortalecer la estrategia, el gobierno federal ha cuestionado el registro de desaparecidos sin construir mecanismos eficaces para revertir la crisis, generando incertidumbre en las cifras y debilitando la política pública.
También señala la falta de respuesta contundente de organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no han logrado garantizar la protección ni la atención integral a las víctimas.
Ante ese vacío institucional, las familias han asumido la búsqueda de sus desaparecidos. El informe subraya que esta labor se realiza en condiciones de alto riesgo, con al menos 35 personas buscadoras asesinadas y ocho más desaparecidas.
La crisis se agrava por la ausencia de registros confiables sobre fosas clandestinas y restos humanos, así como por la precariedad de los servicios forenses, lo que mantiene a miles de cuerpos sin identificar y sin nombre.
En este contexto, la Fiscalía General de la República es señalada por incumplir su responsabilidad de desarrollar registros forenses y programas clave, como el de exhumaciones, además de no consolidar un protocolo homologado de investigación.
Causa en Común advierte que, sin una reestructuración profunda, mayor presupuesto y sanciones a funcionarios omisos, el país seguirá acumulando desapariciones en un escenario donde la impunidad, la descoordinación y la indiferencia institucional continúan marcando el rumbo.
