Por Redacción Noticentro.mx
El consejero electoral Jorge Montaño Ventura rechazó que el Instituto Nacional Electoral esté subordinado a intereses partidistas y sostuvo que el Consejo General mantiene su autonomía y actuación con base en la ley.
“Que haya un consejo a modo, hoy lo niego categóricamente”, afirmó, al descartar versiones sobre una supuesta alineación del órgano electoral en medio del debate nacional por la renovación de consejerías.
Desde esta ciudad, Montaño defendió el papel del INE como un organismo técnico y colegiado, cuyas decisiones se sustentan en criterios jurídicos y no responden a presiones políticas.
Subrayó que el proceso para cubrir tres vacantes en el Consejo General es responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo, por lo que el Instituto se mantiene al margen de cualquier negociación en el Congreso de la Unión.
Explicó que las quintetas de aspirantes serán sometidas a votación legislativa y, en caso de no alcanzarse acuerdos, la Constitución prevé un mecanismo de insaculación para definir los nombramientos.
El consejero insistió en que la estructura colegiada del INE garantiza contrapesos internos que impiden decisiones unilaterales o sesgadas.
El posicionamiento ocurre en un contexto de señalamientos de partidos de oposición, como PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que han advertido sobre un posible control político del órgano electoral.
Montaño rechazó dichas acusaciones y reiteró que el Instituto actúa bajo el marco constitucional aprobado por el propio Congreso.
Durante una conferencia en el Consejo General del IETAM, destacó que la fortaleza del INE radica en su pluralidad y en el cumplimiento estricto de la legalidad.
Añadió que las nuevas consejerías tendrán periodos que se extenderán hasta 2032, conforme a lo establecido en la convocatoria vigente.
Reiteró que el Instituto no interviene en las decisiones políticas y se limita a acatar lo que determine el Poder Legislativo conforme a la ley.
Finalmente, aseguró que el INE mantiene su compromiso con la organización de elecciones imparciales, la participación ciudadana y la protección de los derechos político-electorales.
