Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Los deudores alimentarios en Tamaulipas podrían ser sometidos a planes de pago obligatorios supervisados por un juez, con medidas que van desde reportes periódicos hasta la reaprehensión en caso de incumplimiento.
Para ese propósito, el Congreso del Estado analiza una iniciativa que propone adicionar los artículos 299 Bis, 299 Ter y 299 Quáter al Código Penal, con el objetivo de garantizar que las sentencias por abandono de obligaciones alimenticias se cumplan en los hechos.
La propuesta establece que, tras una condena, el juez deberá fijar un plan de cumplimiento que detalle monto, periodicidad, forma y lugar de pago, así como los mecanismos para su verificación.
Este plan podrá ajustarse conforme a la capacidad económica del deudor y las necesidades de la persona acreedora, priorizando la efectividad del derecho a los alimentos.
Además, se plantean condiciones obligatorias para quienes obtengan beneficios legales como la libertad condicional o la sustitución de pena.
Entre ellas, destaca la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y reportar cualquier cambio de domicilio, empleo o fuente de ingresos en un plazo máximo de cinco días.
También se establece la prohibición de cambiar de residencia sin autorización judicial, con la posibilidad de imponer restricciones de movilidad cuando sea necesario.
En caso de incumplimiento, el juez deberá citar a una audiencia de revisión para evaluar la conducta del sentenciado.
Si se acredita el incumplimiento sin causa justificada, se podrán imponer apercibimientos, modificar el plan de pago o endurecer las condiciones.
En escenarios graves, la iniciativa contempla la revocación de beneficios y la ejecución de la pena, incluyendo la emisión de órdenes de aprehensión o reaprehensión.
El planteamiento parte de un diagnóstico claro: el problema no es la falta de sanciones, sino la falta de cumplimiento efectivo de las sentencias.
Con esta reforma, se busca cerrar esa brecha y garantizar que los recursos lleguen realmente a niñas, niños y mujeres que dependen de las pensiones alimenticias.
