Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
La resolución que acaba de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), ha abierto una puerta que, en otro contexto, habría sido impensable: permitir que el Estado congele cuentas bancarias sin orden judicial previa, no es un asunto menor.
Es un asunto que a muchos nos genera preocupación, pero también miedo, porque ahora bastará con que una simple acusación o sospecha permita el bloqueo de cualquier movimiento financiero de un ciudadano.
Es, en esencia, la habilitación de un poder extraordinario que toca directamente el patrimonio y la libertad económica de las personas.
La resolución sostiene que se trata de una medida administrativa y preventiva, no de carácter penal.
Sin embargo, con ello, el máximo tribunal constitucional del país le está dando a la Unidad de Inteligencia Financiera, un órgano técnico que, en teoría, combate operaciones con recursos de procedencia ilícita, facultades extraordinarias para dejar sin recursos económicos a una persona por el simple hecho de existir en su contra una investigación, que para nada es una sentencia firme.
La situación se agrava porque, en la práctica, la UIF no deja de ser una instancia del aparato gubernamental, con todo lo que ello implica.
Y cuando la instancia jurídica se cruza con lo político el riesgo de excesos y abusos se potencializa.
La UIF tiene facultades para detectar y reportar operaciones inusuales, relevantes o sospechosas. Su campo de acción se vincula principalmente con delitos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción, delincuencia organizada y evasión fiscal en esquemas complejos.
También interviene en casos relacionados con desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y uso de empresas fachada. Es decir, delitos graves que, sin duda, requieren mecanismos eficaces de combate.
Hasta ahí, el argumento parece sólido. Nadie en su sano juicio podría oponerse a que el Estado persiga el dinero ilícito. El problema surge cuando el remedio amenaza con ser más peligroso que la enfermedad.
Porque congelar una cuenta bancaria no es una simple medida administrativa. Es, en los hechos, una forma de paralizar la vida de una persona o de una empresa. Es impedirle operar, pagar, subsistir.
Y si esa decisión se toma sin la intervención previa de un juez, el margen de arbitrariedad se amplía de manera alarmante. La presunción sustituye a la prueba. La sospecha desplaza a la certeza.
Aquí es donde la resolución de la Corte toca fibras aún más sensibles: se vulneran principios fundamentales del Estado de derecho, como la legalidad, la seguridad jurídica y, sobre todo, la presunción de inocencia.
Porque en los hechos, el ciudadano deja de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Basta con que exista una investigación o una señalamiento preliminar para que se active una medida que tiene efectos inmediatos y profundamente lesivos.
La Corte ha dicho que se trata de una acción preventiva. Pero en los hechos, sus efectos son punitivos. Quien sufre el bloqueo no espera a que se aclare su situación. Padece, de inmediato, las consecuencias.
Se castiga antes de probar. Se restringen derechos antes de acreditar responsabilidades. Y eso, en cualquier sistema democrático, debería encender todas las alarmas.
Más grave aún es que la defensa queda en entredicho. El acceso a la justicia se vuelve tardío, limitado y, en muchos casos, insuficiente frente a los daños ocasionados.
Porque aunque existan mecanismos legales para impugnar, estos operan después del golpe. Y cuando se trata de recursos económicos, el tiempo no es neutral.
Una cuenta congelada significa deudas impagas, operaciones detenidas, compromisos incumplidos. Significa, en muchos casos, la ruina.
En un país donde las instituciones aún luchan por consolidar su credibilidad, otorgar este tipo de facultades sin contrapesos robustos resulta, cuando menos, temerario.
La historia reciente de México ofrece suficientes ejemplos de cómo las herramientas del Estado pueden ser utilizadas con fines políticos. No es una sospecha gratuita. Es una experiencia documentada.
La UIF, además, no ha estado exenta de controversias. Su actuación, en distintos momentos, ha sido señalada por coincidir con coyunturas políticas específicas, lo que alimenta la percepción de un uso selectivo de sus facultades.
Bajo ese contexto, la resolución de la Corte genera una inquietud legítima. No se trata de defender a quienes delinquen, sino de proteger a quienes podrían ser víctimas de un abuso.
Porque el riesgo no se limita a grandes redes criminales. También alcanza a empresarios, activistas, opositores… y sí, también a periodistas.
Basta una sospecha, una interpretación amplia de una operación “inusual”, para que una cuenta quede congelada. Y con ella, la estabilidad financiera de quien la posee.
El ciudadano común queda, en esa lógica, en una posición de vulnerabilidad. Su defensa se traslada a una etapa posterior, cuando el daño ya está hecho.
El juicio de amparo, que históricamente ha sido el escudo de los derechos fundamentales, pierde eficacia cuando la afectación ya se consumó y sus efectos resultan, en muchos casos, irreversibles.
El equilibrio entre seguridad y libertad es siempre delicado. Pero inclinar la balanza en exceso hacia el poder estatal implica riesgos que no deben minimizarse.
El combate al lavado de dinero es indispensable. Nadie lo discute. Pero ese combate debe realizarse dentro de un marco que garantice derechos, no que los debilite.
La intervención judicial previa no es un obstáculo. Es un filtro. Es la garantía de que una medida tan severa esté debidamente fundada y motivada.
Eliminar ese filtro es apostar por la discrecionalidad. Y la discrecionalidad, en manos del poder, rara vez es inocua.
La pregunta de fondo es sencilla pero inquietante: ¿quién vigila al vigilante?
Hoy la respuesta parece insuficiente.
Porque cuando el Estado puede congelar cuentas sin pasar por un juez, lo que está en juego no es solo el dinero. Es la certeza jurídica. Es la confianza en las instituciones. Es, en última instancia, la libertad misma.
Para decirlo claro: La Corte nos ha dejado indefensos frente a los excesos del poder público.
EL RESTO.
“ESTA BIEN ASÍ”.- Nada bien le fue al secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado para la Glosa del cuarto informe del gobernador, Américo Villarreal Anaya.
Contestó lo que quizo y no lo que le preguntaban los diputados, y cuando el panista, Gerardo Peña Flores, le evidenció con cifras de su propia secretaría la baja en el turismo cinegético, no quiso aclarar el tema.
“No. Está bien así”, dijo cuando el presidente de la mesa directiva, Sergio Ojeda, le preguntó si quería aclararle el punto al diputado del PAN.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
