Por Rogelio Rodríguez Mendoza /Noticentro.mx
Ante el aumento de los casos de despojo de hasta casi uno por día en Tamaulipas, fueron aprobadas reformas para ampliar a dos años el plazo para recuperar una propiedad y castigar con mayor severidad a funcionarios que obstaculicen la justicia.
El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso del Estado modifica disposiciones del Código Penal y del Código Civil con el objetivo de frenar la invasión de predios y fortalecer la protección del patrimonio de las familias.
Uno de los cambios centrales es la ampliación del plazo para que las víctimas puedan recuperar la posesión de sus bienes, al pasar de seis meses a dos años para promover el interdicto correspondiente ante las autoridades judiciales.
Con ello, se busca garantizar un acceso más amplio a la justicia, al reconocer que muchas personas no denuncian de inmediato por temor, desconocimiento o condiciones de vulnerabilidad.
En materia penal, la reforma endurece las sanciones contra servidores públicos que retrasen, entorpezcan o manipulen la procuración de justicia en casos de despojo.
A partir de ahora, quienes incurran en estas conductas podrán enfrentar penas de cuatro a diez años de prisión, además de multas que van de 100 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Además, se fortaleció el delito de ejercicio abusivo de funciones, estableciendo que los servidores públicos que utilicen información privilegiada para obtener beneficios, incluso en esquemas relacionados con despojo, serán sancionados con mayor rigor.
Con este ajuste, la participación de funcionarios en estos hechos deja de tratarse solo como una agravante y se encuadra dentro de delitos de corrupción, lo que eleva el nivel de responsabilidad penal.
El dictamen se sustenta en cifras oficiales que reflejan la dimensión del problema, con 357 casos de despojo registrados en Tamaulipas durante 2024.
Esto equivale prácticamente a un caso diario, con mayor incidencia en municipios como Victoria, Altamira, Matamoros, Ciudad Madero y Tampico.
Las comisiones dictaminadoras advirtieron que la cifra real podría ser mayor debido al subregistro, ya que muchas víctimas prefieren no denunciar ante el riesgo de represalias.
Con estas reformas, el Congreso busca cerrar espacios a la impunidad, fortalecer la cultura de la legalidad y garantizar una defensa más efectiva del derecho de propiedad en el estado.
