Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Para poner orden en el servicio de grúas y ante las quejas recurrentes por abusos contra los ciudadanos, el Congreso del Estado aprobó reformas que obligan a las empresas a exhibir sus tarifas y expedir facturas por el arrastre de vehículos a causa de presuntas infracciones al reglamento de Tránsito.
El dictamen avalado modifica la Ley de Transporte y la Ley de Tránsito con el objetivo de terminar con prácticas arbitrarias que han generado inconformidad entre los automovilistas.
Uno de los cambios más relevantes es la obligación de los concesionarios de publicar sus tarifas de manera oficial y mantenerlas visibles en oficinas, vehículos y depósitos.
Asimismo, deberán expedir comprobantes fiscales digitales por cada servicio prestado, lo que permitirá a los usuarios contar con un respaldo legal ante cualquier irregularidad en los cobros.
En caso de incumplimiento, las empresas podrán ser sancionadas administrativamente, suspendidas de manera temporal o incluso perder de forma definitiva la concesión.
Otro punto clave es que los ayuntamientos ya no podrán celebrar convenios ni operativos con empresas de grúas que no cuenten con concesión o permiso vigente expedido por la autoridad estatal.
Además, cualquier remolque realizado por unidades no autorizadas carecerá de validez legal, por lo que los cobros derivados de estos servicios serán considerados indebidos.
La reforma también establece límites claros a la actuación de las autoridades en espacios privados, al precisar que solo podrán considerarse como vía pública aquellos lugares donde exista autorización expresa del propietario.
Con ello, se busca evitar que vehículos estacionados en centros comerciales, hospitales o fraccionamientos sean retirados de manera arbitraria.
El dictamen advierte que en la práctica se han detectado convenios irregulares entre municipios y empresas sin autorización, lo que ha derivado en cobros excesivos y abusos.
Las modificaciones refuerzan además la protección al derecho de propiedad, al impedir que autoridades actúen fuera del marco legal en perjuicio de los ciudadanos.
Con estas reformas, el Congreso busca garantizar transparencia, certeza jurídica y frenar un servicio que durante años operó con discrecionalidad en diversas regiones del estado.
