Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La atención a la salud mental y las adicciones en las cárceles de Tamaulipas dejaría de ser opcional para convertirse en una obligación legal, con una iniciativa que busca imponer programas integrales dentro de los centros penitenciarios.
La propuesta plantea reformar la Ley de Salud del Estado de Tamaulipas, mediante la adición del artículo 44 Bis, para establecer que las autoridades sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, implementen estos programas en los Centros de Ejecución de Sanciones y en los centros de reintegración para adolescentes.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
Ante lo preocupante de la situación, el planteamiento contempla acciones de prevención, detección temprana, tratamiento y seguimiento de padecimientos de salud mental y consumo de sustancias, bajo un enfoque multidisciplinario.
Además, incorpora la perspectiva de derechos humanos, con el fin de garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad.
Uno de los propósitos centrales es fortalecer los procesos de reinserción social, al atender factores que inciden directamente en la conducta delictiva, como las adicciones y los trastornos mentales no tratados.
También se busca mejorar la convivencia al interior de los centros penitenciarios, reduciendo conflictos derivados de crisis emocionales o consumo de drogas.
La iniciativa destaca que este tipo de programas contribuyen a disminuir la reincidencia delictiva, lo que a su vez impacta en la seguridad pública.
Asimismo, se plantea que la atención oportuna permitirá reducir costos al Estado, al evitar situaciones críticas que requieren intervenciones más complejas y costosas.
El proyecto retoma experiencias aplicadas en otras entidades del país, donde la coordinación entre autoridades de salud y seguridad ha mostrado resultados positivos en la rehabilitación de personas privadas de la libertad.
