Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
La creación de la Guardia Estatal División de Tránsito nació con una promesa clara: reducir los accidentes en las carreteras de Tamaulipas y devolver orden a los tramos estatales
En mayo de 2024, el Congreso del Estado aprobó las reformas legales que dieron vida a esta corporación. Se dijo entonces que sería un paso firme hacia la prevención, la vigilancia y la seguridad vial.
El discurso oficial era convincente. Se habló de patrullaje permanente, inspecciones responsables y una presencia institucional capaz de salvar vidas.
La idea, sobre el papel, tenía lógica. Las carreteras estatales requerían vigilancia especializada, con agentes dedicados exclusivamente a prevenir tragedias.
El objetivo era muy concreto: reducir accidentes y evitar que los tramos estatales siguieran siendo escenarios frecuentes de muertes y lesiones.
Sin embargo, casi dos años después, la realidad es otra. No hay evidencia visible de que se haya cumplido con esa misión.
Los accidentes no solo no han disminuido. En muchos tramos, la percepción es que han aumentado.
La carretera Rumbo Nuevo es el ejemplo más contundente. Basta recorrerla o revisar los reportes diarios para confirmar que sigue siendo un punto crítico.
Ahí, como en la carretera interejidal y en otras vías estatales, los percances son constantes. Muchos de ellos terminan en tragedia.
Y eso obliga a hacerse una pregunta inevitable: ¿qué ha hecho realmente la División de Tránsito Estatal para cumplir con el propósito que justificó su creación?
Desde este espacio, cuando se anunció la nueva corporación, se advirtió el riesgo de una descomposición temprana. No era un pronóstico malintencionado, era una preocupación fundada.
La historia de las corporaciones de tránsito en México ha estado marcada por la tentación permanente de la corrupción.
El tiempo, lamentablemente, parece estar confirmando ese temor.
Hoy, la presencia de unidades en carretera no necesariamente se asocia con prevención. La percepción social apunta en otra dirección.
Se les observa con frecuencia instalando retenes en puntos estratégicos, pero no precisamente para reducir la velocidad ni para evitar maniobras peligrosas.
Se les ve más bien enfocándose en detener vehículos de procedencia extranjera que cruzan el estado rumbo al centro del país.
Esa práctica, repetida una y otra vez, ha alimentado una fama pública que poco tiene que ver con la seguridad vial.
Y cuando una corporación comienza a ser identificada más por la sospecha que por su trabajo, algo está fallando.
La falta de resultados visibles en la reducción de accidentes es el primer síntoma de ese extravío.
El segundo, más delicado, es la percepción de que no existe un control firme desde la propia Secretaría de Seguridad Pública.
Una corporación nueva, sin supervisión constante, es terreno fértil para la distorsión de su propósito original.
Lo preocupante es que el desgaste llega demasiado pronto. Apenas nacida, la División de Tránsito parece arrastrar ya el peso de la desconfianza.
Esa responsabilidad no es menor. La conducción y el control de la corporación recaen directamente en la estructura de mando de la Secretaría.
Se creó para salvar vidas en carretera. No para convertirse en un símbolo de molestia, sospecha o inconformidad entre los automovilistas.
Todavía hay tiempo de corregir. Pero para hacerlo se requiere supervisión real, evaluación constante y un golpe firme contra cualquier desviación.
Esperemos que el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, tome nota de los hechos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
