Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
El Pleno de la 66 Legislatura dio luz verde al Gobierno del Estado para revisar las pensiones otorgadas mediante decreto y, en su caso, modificar o revocar aquellas que ya cumplieron total o parcialmente el fin para el que fueron concedidas.
La medida deriva de una iniciativa enviada por el gobernador, Américo Villarreal Anaya, y aprobada este miércoles, en sesión extraordinaria, por el Congreso, mediante la cual se conceden nuevas atribuciones a la Secretaría de Administración para revisar y administrar la nómina de ese tipo de pensiones.
El Gobierno estatal argumentó que actualmente existen pensiones concedidas por decreto que ya cumplieron, de manera total o parcial, el propósito que justificó su entrega, pero no había un procedimiento específico para revisarlas, modificarlas o revocarlas.
Con la reforma, la Secretaría de Administración podrá revisar cada caso y, cuando encuentre elementos que lo justifiquen, proponer al titular del Ejecutivo estatal la modificación o revocación de la pensión correspondiente.
La nueva facultad no implica que la dependencia pueda cancelar por sí misma esos beneficios, pues únicamente podrá formular la propuesta al gobernador y cualquier determinación deberá estar debidamente fundada y motivada.
Estas pensiones son distintas a las que forman parte del régimen ordinario administrado por el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), ya que las concedidas por decreto son propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso del Estado.
Entre los beneficiarios de este mecanismo se encuentran familias de personas que hayan prestado servicios relevantes al Estado, empleados públicos por jubilación, así como cónyuges e hijos de integrantes de instituciones policiales y de procuración de justicia fallecidos en cumplimiento de su deber.
El dictamen señala que la revisión deberá respetar los derechos previamente reconocidos a los beneficiarios, y que cualquier modificación o revocación tendrá que sujetarse a las garantías de audiencia y debido proceso.
