Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Internar a una persona sin su consentimiento en “anexos” o instituciones psiquiátricas podría castigarse con hasta cinco años de prisión en Tamaulipas, tras una iniciativa presentada en el Congreso del Estado para frenar estas prácticas.
La propuesta fue presentada por la diputada Patricia Mireya Saldívar Cano, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, y plantea reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado.
El proyecto adiciona una fracción al artículo 390 del Código Penal para sancionar el internamiento forzoso sin consentimiento libre e informado, equiparándolo a la privación ilegal de la libertad, delito que actualmente se castiga con penas de uno a cinco años de prisión y multa de 30 a 100 UMAs.
La iniciativa establece que la pena se incrementará hasta en una mitad cuando el internamiento se realice mediante violencia, engaño o abuso de autoridad, así como cuando la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor o con discapacidad.
En paralelo, se propone reformar la Ley de Salud del Estado para dejar en claro que todo internamiento deberá ser voluntario, documentado y considerado únicamente como último recurso terapéutico, quedando prohibido su uso para resolver conflictos familiares, sociales o laborales.
La diputada argumenta que en Tamaulipas los llamados “anexos” han proliferado bajo esquemas irregulares, con denuncias de abusos, violencia y privación arbitraria de la libertad, lo que evidencia vacíos legales que permiten vulneraciones graves a los derechos humanos.
Se estima que el 40 por ciento de esos centros operan de forma ilegal.
Con estas reformas, se busca cerrar esos vacíos, criminalizar de forma expresa el internamiento forzoso y garantizar que la atención en salud mental y adicciones se realice bajo principios de consentimiento informado, dignidad humana y respeto a la libertad personal.
