Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Para evitar que el sistema de pensiones del Estado se quede sin recursos en 2031, la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó, con dispensa de turno a comisiones, una iniciativa del gobernador, Américo Villarreal Anaya, que incrementa las cuotas de los trabajadores y las aportaciones del “patrón”, además de aumentar a 65 años la edad de jubilación para mujeres y hombres de nuevo ingreso.
Sin el respaldo del PAN, el órgano legislativo dictaminó a favor la propuesta del mandatario que modifica la Ley de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, por lo que este viernes será sometida a la aprobación del Pleno Legislativo en sesión extraordinaria.
Actualmente, las personas trabajadoras aportan 10.50 % de su sueldo base, mientras que las entidades patronales contribuyen con 21.50 %, esquema que, según el estudio actuarial que acompaña la iniciativa, resulta insuficiente frente al aumento de la esperanza de vida y la presión creciente sobre el fondo de pensiones.
La reforma no modifica el porcentaje de aportación del trabajador, pero sí la base sobre la que se calcula, al integrar al salario de cotización prestaciones como despensa o adquisición de víveres básicos, quinquenio y compensaciones.
En los hechos, el 10.50 % dejará de aplicarse solo al sueldo base y se calculará sobre un salario integrado, lo que representa un aumento real en el monto aportado, aunque no en el porcentaje.
Para evitar un impacto inmediato en el ingreso de los trabajadores, la integración de estas prestaciones se realizará de manera gradual, con incrementos escalonados del dos por ciento año con año.
En el caso de las entidades patronales, la iniciativa plantea que sus aportaciones crezcan progresivamente hasta alcanzar el 27 % del salario de cotización.
Además, para las nuevas generaciones, las entidades patronales deberán aportar un 27 % adicional sobre el aguinaldo, concepto que actualmente no forma parte de la base de cotización.
En materia de jubilación, la ley vigente permite acceder a una pensión equivalente al 100 % del salario regulador, calculado únicamente con el sueldo base. Con la reforma, para nuevos ingresos, la jubilación se otorgará con un monto del 90 % del salario regulador, ahora integrado con prestaciones.
Otro cambio relevante es la edad de jubilación. Actualmente es de 60 años para mujeres y 62 para hombres (para quienes ingresaron desde 2015). Con la reforma, se fija en 65 años para ambos sexos, pero solo para nuevas generaciones.
Respecto al cálculo de la pensión, la ley actual establece un promedio salarial de los últimos 4 años para trabajadores ingresados antes de 2015 y de los últimos 5 años para quienes ingresaron a partir de ese año.
Con la reforma, para nuevos trabajadores, el salario regulador se calculará con el promedio de los últimos 10 años, actualizado conforme a la inflación, con el objetivo de evitar incrementos artificiales en la etapa final de la vida laboral.
El estudio actuarial advierte que, de no realizarse ajustes, las reservas del Instituto se agotarían en 2031, lo que obligaría al Estado a realizar aportaciones extraordinarias con impacto directo en las finanzas públicas.
La iniciativa establece de forma expresa que los derechos de los trabajadores en activo están plenamente garantizados, ya que conservarán las edades, porcentajes y requisitos vigentes al momento de la presentación del proyecto.
Asimismo, se subraya que los pensionados actuales no verán modificadas sus condiciones, y que los cambios aplicarán únicamente para quienes ingresen al servicio público después de la entrada en vigor de la reforma.
De acuerdo con las estimaciones financieras, aunque la reforma implicará un mayor esfuerzo en el corto plazo, permitirá reducir el pasivo actuarial en aproximadamente 13 mil 800 millones de pesos en el mediano y largo plazo, asegurando la viabilidad del sistema de pensiones en Tamaulipas.
