Por Luis Alberto Rodríguez Juárez
El apagón masivo que dañó durante más de 7 horas a Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, entre la noche del lunes 31 y el martes primero de septiembre ocurre en el contexto de un panorama preelectoral de cambio en las gubernaturas de las dos primeras entidades, pero también de un debate nacional de cuestionamiento a las empresas estatales, como CFE, y la infraestructura que desarrolla el Gobierno de México.
Peor aún es la información que corrió en redes sociales de que el apagón se inscribiría en un ataque terrorista en el que fueron afectadas dos grandes torres de transmisión. CFE informó que el problema se debió a actos de vandalismo contra dos líneas de transmisión de 400 kV.
Los apagones en la Península de Yucatán han causado malestar social y de grupos de interés clave, como el sector empresarial, este último que señala afectaciones económicas por las constantes interrupciones en los últimos años.
Lo anterior, pese a las reiteradas declaraciones del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, de que la infraestructura que se construye actualmente permitirá la autonomía total en la generación de electricidad para el 2028, con lo que se eliminarían los cortes en el suministro en la región.
Pero el gobernante yucateco reconoció algo que está en el malestar social y de agentes económicos: muchas de las líneas de transmisión y distribución de energía ya son obsoletas o antiguas. Por tanto, se requiere su modernización lo que implica grandes cantidades de inversión pública. Son miles y miles de millones de pesos.
Es una problemática nacional que impacta a muchas entidades del país. Tamaulipas no está fuera de esa situación. También se experimentan apagones, en especial en la actual época de calor elevado, donde la demanda de energía se incrementa.
México no enfrenta simplemente un problema de “líneas viejas”: existe una combinación de envejecimiento de activos, saturación de corredores, insuficiente expansión en determinadas regiones, pérdidas eléctricas y necesidad de modernización tecnológica.
La Comisión Federal de Electricidad ha informado que las nuevas obras que se realizan en el país -incluyendo nuevas centrales de generación eléctrica- son para atender simultáneamente capacidad insuficiente, crecimiento de demanda y riesgos de saturación. Sobre todo, para las regiones con fuerte crecimiento industrial y turístico, entre ellas Monterrey, Bajío, frontera norte, Cancún–Riviera Maya y otras zonas de elevada demanda.
Un hecho que llama la atención en el caso del reciente apagón en la Península de Yucatán es el reconocimiento de la Comisión Federal de Electricidad de que el daño fue causado por actos de vandalismo.
No se precisó qué tipo de acto, por lo que dio paso a informaciones en redes sociales de que había sido un hecho de terrorismo.
Un acto vandálico puede ser el robo de elementos angulares metálicos de torres de las líneas de transmisión de 230 y 400 kV, como documentó el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), del Gobierno de México, el cual precisa que esas piezas pueden ser usadas para su venta ilícita en empresas de desechos industriales, chatarreras o talleres metalúrgicos.
“Si se sustraen varios de los elementos angulares, la torre se vuelve inestable debido a la concentración de cargas en los elementos principales existentes, provocando el pandeo de éstos y, por consiguiente, el colapso de la torre”, según el INEEL.
¿Ocurrió eso en la Península de Yucatán?
Veremos.
Según el Centro Nacional de Control de Energía, dentro de los 10 corredores eléctricos más críticos y vulnerables de México se incluyen Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas, Bajío y Centro del país. Por ello se prevén acciones de refuerzo hasta el año 2039.
Hace algunos años la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano vigilaron torres de transmisión y distribución eléctrica, ante ataques de grupos de la delincuencia organizada.
Más vale saber de qué tipo de acto vandálico estamos hablando en esta ocasión.
