Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Durante los dos últimos años, la Auditoría Superior del Estado (ASE), sancionó a 93 funcionarios públicos por ocultar o retrasar la entrega de información de los entes públicos bajo su responsabilidad.
El titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, detalló que la suma global de las multas asciende a poco más de tres millones de pesos. La sanción mínima fue de 12 mil pesos y la máxima de 200 mil.
Entre los sancionados figuran alcaldes, tesoreros y síndicos en el caso de los Ayuntamientos, mientras que en el resto de los entes públicos se trata principalmente de directores administrativos.
“Las multas se convierten en créditos fiscales que son cobrador a través de la Secretaría de Finanzas y el servidor público debe pagarlas de su propio bolsillo. Cuando incumple con el pago termina siendo boletinado al buro de crédito, con todas las implicaciones que eso tiene para cualquier persona” indicó.
Noriega dijo que las multas son parte del endurecimiento del proceso de fiscalización, y como ejemplo explicó que en los anteriores siete años apenas fueron sancionados 18 funcionarios.
“Anteriormente había más tolerancia con quienes no cumplían con el tema de la entrega de información. Por eso había pocas multas. Y por eso también se generó esa práctica de no entregar la información puntualmente o de plano no entregarla” refirió.
En ese contexto, adelantó que la iniciativa de nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas que está bajo análisis del Congreso, busca endurecer las sanciones y medidas de apremio a los titulares de los entes públicos.
“Son muchos aspectos los que se están ajustando en la nueva ley pero uno de ellos es el de la sanciones. La idea es que las sanciones sean más severas con quienes obstaculicen el trabajo de la Auditoría Superior” refirió.
Confió en que el nuevo ordenamiento normativo sea aprobado apenas inicie el año próximo, porque eso dará a la ASE más herramientas para fiscalizar los recursos públicos.
“VAMOS A RECUPERAR LA CREDIBILIDAD”.
En el mismo contexto, Noriega Orozco señaló como un reto personal recuperar la credibilidad ciudadana en la ASE.
El hecho es importante, dijo, porque un gran sector de la sociedad duda de la fiscalización, sobre todo porque no ve que haya servidores públicos procesados y condenados por mal uso de los recursos públicos.
“Vamos a trabajar para que la sociedad se convenza de que nuestra función es seria y alejada de temas políticos. Nuestra responsabilidad es vigilar que el dinero público se aplique correctamente y quien incumpla con ello será denunciado” advirtió.
Estimó que, durante el primer semestre del año próximo se conocerá de varios expedientes que serán turnados ante las instancias legales, para que se proceda penal o administrativamente contra quienes resulten responsables.
