Por Rogelio Rodríguez Mendoza/ Noticentro.mx
Tamaulipas contará con un Fondo Estatal de Protección Civil, Fondos Municipales obligatorios y un sistema de certificación profesional para todo el personal, además de reglas expresas para evitar la politización en la entrega de apoyos durante emergencias, de acuerdo con la iniciativa de nueva Ley de Protección Civil enviada al Congreso local por el gobernador Américo Villarreal Anaya.
Estos tres pilares —financiamiento, profesionalización y neutralidad administrativa— conforman la base del modelo moderno de protección civil que se propone para el estado.
La exposición de motivos subraya que una de las distorsiones más graves del sistema actual es la politización del auxilio y la discrecionalidad en la distribución de bienes durante desastres, lo que ha generado inequidad e inconformidad en comunidades afectadas.
La nueva ley busca erradicar esa práctica mediante reglas claras y criterios homogéneos para los 43 municipios.
En ese mismo sentido, la iniciativa establece que el Fondo Estatal de Protección Civil financiará la capacitación, el equipamiento y la sistematización de las coordinaciones estatales y municipales, mientras que cada ayuntamiento deberá constituir un Fondo Municipal para disponer de recursos inmediatos que garanticen una respuesta técnica, no política, ante cualquier emergencia. Estos fondos podrán ser reforzados por el Gobierno del Estado según la magnitud del desastre.
El tercer eje de la entrada es la profesionalización obligatoria del personal, que deberá contar con certificaciones alineadas a estándares nacionales e internacionales. La iniciativa señala que la falta de personal preparado ha limitado históricamente la capacidad institucional para atender emergencias con eficiencia y sin sesgos.
El proyecto advierte que la protección civil debe evolucionar del modelo centrado en el auxilio hacia uno basado en la prevención integral de riesgos. Este enfoque atiende la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos perturbadores y cumple con lineamientos internacionales en materia de seguridad humana.
También se reconoce que el Estado debe contar con un marco jurídico que permita actuar antes, durante y después de los desastres, articulando acciones de evaluación, mitigación, prevención, auxilio y recuperación. La nueva ley crea esa estructura, con atribuciones expresas para cada nivel de gobierno.
Otro punto central es el endurecimiento del régimen de sanciones e infracciones, aplicables a personas físicas y morales cuyas acciones generen riesgos a la sociedad o al entorno, especialmente en obras, fraccionamientos, escuelas, hospitales e infraestructura pública.
Asimismo, la iniciativa impulsa una política permanente para fortalecer la cultura de la protección civil, mediante campañas de difusión y educación ciudadana sobre mecanismos de prevención y autoprotección. Estas actividades estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil.
La propuesta normativa se integra por 175 artículos, organizados en 10 Títulos y 36 Capítulos, que abarcan definición de conceptos, organización institucional, operación de fondos, procedimientos técnicos, instrumentos financieros, mecanismos de evaluación y lineamientos para actuar en emergencias y desastres.
Finalmente, la iniciativa busca homologar el marco estatal con la Ley General de Protección Civil, evitando duplicidades, fortaleciendo capacidades locales y garantizando que Tamaulipas cuente con herramientas jurídicas, técnicas y financieras para enfrentar con mayor eficacia los riesgos presentes y futuros.
