Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
El Congreso de Tamaulipas aprobó, por la vía del “fast track”, una nueva ley contra la extorsión, que establece un nuevo tipo penal con sanciones de 15 a 25 años de prisión, y abre la puerta a condenas mucho mayores cuando concurren agravantes como violencia, uso de tecnologías, participación de servidores públicos o afectaciones a sectores productivos.
Duante la sesión ordinaria de este miércoles, el Pleno Legislativo avaló, con dispensa de turno a comisiones, la nueva normatividad denominada Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado de Tamaulipas.
La ley subraya que la extorsión se ha convertido en una amenaza directa para la estabilidad económica y la tranquilidad pública, pues inhibe inversiones, altera cadenas productivas y causa daños patrimoniales y emocionales profundos en la ciudadanía.
El tipo penal básico de extorsión que contiene la nueva Ley contempla penas de hasta 25 años, pero la condena puede incrementarse significativamente cuando el delito se comete contra comerciantes, empresarios, productores agrícolas o prestadores de servicios, o cuando se obliga a las víctimas a contratar bienes o servicios bajo coacción.
También establece agravantes cuando se utilizan armas, información privada, amenazas que afecten la libertad de expresión o la defensa de derechos humanos, o cuando el agresor simula ser autoridad o porta uniformes o insignias oficiales.
En estos casos, las penalidades se elevan desde cuatro hasta diecisiete años adicionales, según la gravedad.
Otro bloque de agravantes incrementa la pena cuando intervienen menores de edad, cuando la víctima es una persona adulta mayor, migrante o mujer embarazada, o cuando la conducta se comete mediante dispositivos electrónicos, plataformas digitales o comunicaciones operadas desde centros penitenciarios. En este último supuesto, la Ley prevé sanciones ejemplares y medidas penitenciarias adicionales.
La ley también crea delitos vinculados a la extorsión, como la cooperación dolosa con los extorsionadores o la divulgación indebida de información reservada por parte de autoridades. En estos casos, las sanciones pueden ir de cuatro a veinte años de prisión, según el nivel de responsabilidad y el daño ocasionado.
En materia de investigación, la Ley faculta a la Fiscalía General de Justicia y a la Policía de Investigación para desplegar herramientas avanzadas: intervenciones de comunicaciones, análisis financiero, geolocalización en tiempo real, peritajes especializados y bloqueo inmediato de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar.
Asimismo, establece robustas medidas de protección para víctimas y testigos, incluyendo la reserva de identidad, participación a distancia mediante tecnologías, restricción de contacto del imputado y asistencia jurídica permanente. El objetivo es evitar la revictimización y asegurar su seguridad durante todo el proceso.
El ordenamiento normativo también precisa que las personas sentenciadas por extorsión no podrán acceder a beneficios de libertad anticipada ni a mecanismos de reducción de condena. Además, obliga a los centros penitenciarios a impedir la entrada y salida de comunicaciones electrónicas que puedan emplearse para cometer extorsiones desde su interior.
El componente preventivo de la Ley ordena a la Secretaría de Seguridad Pública crear un Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, que recibirá reportes, orientará a las víctimas, canalizará casos y fortalecerá la vinculación con la ciudadanía mediante campañas de información.
Por otra parte, el Estado deberá diseñar una Estrategia Integral para Prevenir y Combatir la Extorsión, con metas medibles, acciones coordinadas, análisis de patrones delictivos y evaluación permanente. Esta estrategia deberá ser congruente con la Estrategia Nacional, pero operada desde las necesidades del territorio tamaulipeco.
