Por Redacción Noticentro.mx
A partir del próximo año, todos los conductores de vehículos automotores deberán someterse cada cinco años a un examen integral de salud, teórico y práctico, para comprobar que cuentan con las condiciones óptimas para conducir y que no representan un riesgo para peatones ni para otros automovilistas.
El costo de ese examen, obligatorio para tramitar la licencia de manejo, oscilará entre cinco y diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Actualmente, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, por lo que el costo del examen sería actualmente de entre 565 y 1,130 pesos.
Así lo establece una reforma a la Ley de Hacienda del Estado, incluida por el Ejecutivo estatal en el proyecto de miscelánea fiscal para el ejercicio 2026.
La iniciativa, recibida por la Mesa Directiva del Congreso y turnada a comisiones, propone también una nueva modalidad de licencia de conducir, adicional a la permanente. Tendrá vigencia de dos años, con un costo menor.
“Es una opción barata”, explicó el diputado Isidro Vargas Fernández.
De esa manera, la licencia permanente para chofer costará 17 UMAS, y la de vigencia de dos años, 10 UMAS .
La licencia permanente para automovilista costará 14 UMAS mientras que la de dos años tendrá un valor de ocho UMAS.
Todos los automovilistas podrán tramitar, adicional, una licencia digital que costará dos UMAS.
En cualquiera de las modalidades, los conductores deberán actualizar la información contenida en la licencia cada cinco años. Para ello se adicionarán un quinto y sexto párrafo a la fracción XVII del artículo 73, estableciendo la obligatoriedad del examen de valoración integral. El fin es contar con datos vigentes y verificables que fortalezcan la seguridad vial y administrativa, y garantizar que las y los conductores mantengan condiciones adecuadas para transitar de manera segura.
Quienes incumplan con este procedimiento perderán la vigencia de la licencia.
Los ciudadanos que cuenten con licencia de manejo permanente deberán pagar el costo de reposición de la misma cada cinco años, en el momento de someterse al examen integral.
La miscelánea fiscal enviada por el Ejecutivo al Congreso plantea reformas diversas a la Ley de Hacienda, al Código Fiscal, a la Ley para la Operación y Funcionamiento de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas y a la Ley del Gasto Público.
En materia de movilidad, también se incorpora el cobro por la expedición del certificado de autenticidad para autos antiguos, con vigencia de tres años, requisito necesario para solicitar placas especiales para vehículos clásicos.
En lo relativo a establecimientos de bebidas alcohólicas, la iniciativa precisa que locales con cruce o captación de apuestas —como los casinos— podrán complementar su actividad con venta de alcohol para consumo interno.
Asimismo, se ajustan los horarios de operación para palapas y salones con alberca: de lunes a sábado, de 10:00 a 2:00 horas del día siguiente, y los domingos hasta las 24:00 horas.
La propuesta incorpora además una simplificación de trámites: se eliminan requisitos como croquis, planos y fotografías para solicitar licencias de alcohol, dado que el personal verificador puede constatar directamente la información en el establecimiento. A su vez, la tradicional constancia de “no adeudos fiscales” se sustituye por una constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, homologada con las disposiciones vigentes.
Dentro de la Ley de Hacienda también se propone regular la contratación de servicios especializados, obligando a los contribuyentes a notificarlo a la Secretaría de Finanzas; incorporar un estímulo fiscal que exente del impuesto sobre nómina a las remuneraciones pagadas a personas con discapacidad; ajustar los servicios urgentes del Instituto Registral y Catastral; modernizar la clasificación vehicular para incluir autos eléctricos e híbridos; y actualizar tarifas vinculadas con vivienda adquirida mediante programas de apoyo gubernamental.
En el Código Fiscal del Estado se homologan reglas con el Código Fiscal de la Federación: definición de días inhábiles, suspensión de plazos por fuerza mayor, ajustes al recurso de revocación, notificaciones electrónicas mediante estrados digitales y nueva fórmula para el cómputo de prescripción de créditos fiscales, con un máximo de diez años.
Finalmente, la iniciativa reforma la Ley del Gasto Público para facultar al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, a ampliar presupuestos con ingresos adicionales, reducirlos ante contingencias, reasignar recursos de manera compensada y ejercer excedentes no previstos en la Ley de Ingresos. Todas estas modificaciones deberán informarse al Congreso mediante la Cuenta Pública.
