Por Rogelio Rodríguez Mendoza /Noticentro.mx
Durante el último año, la Fiscalía General de Justicia abrió 167 nuevas carpetas de investigación por posibles delitos cometidos por sus servidores públicos.
Así lo revela el Séptimo Informe Anual del aún fiscal, Irving Barrios Mojica que detalla el estado real de los mecanismos de vigilancia interna en el periodo del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre del 2025.
Hasta el uno de noviembre del año anterior existían 610 carpetas de investigación acumuladas, mientras que durante el año evaluado se iniciaron 167 nuevas con lo que el total llegó a 777 expedientes a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
De ese universo 63 carpetas fueron determinadas durante el periodo, con resoluciones que incluyen no ejercicio de la acción penal, archivo temporal abstención de investigar, por declinación de competencia y acumulación.
En el capítulo administrativo, la Fiscalía Especializada registró 1,406 procedimientos pendientes de sustanciación al inicio del periodo y abrió 101 expedientes nuevos que derivaron en 97 casos con responsabilidad y cuatro con separación sumando 101 procedimientos revisados.
Tras esa revisión, 82 expedientes fueron remitidos a la Comisión de Honor y Justicia para su resolución y constituyen el bloque de casos disciplinarios más avanzados del año analizado, mientras 975 expedientes previos fueron declarados improcedentes.
El informe también reporta la integración de 1,275 expedientes de queja, que incluyen 400 nuevas denuncias y 875 expedientes heredados de periodos anteriores sujetos a determinación por parte de Asuntos Internos.
De las 356 quejas determinadas en el periodo, 50 resultaron procedentes, una se acumuló a un caso existente y 305 se consideraron improcedentes, mientras que el resto continúa en análisis.
Los canales de denuncia muestran una distribución amplia, con 93 quejas presentadas mediante comparecencia; 87 por correo electrónico o redes sociales; 81 vía telefónica y el resto por la Fiscalía Digital, reflejando mayor accesibilidad para la ciudadanía y el personal interno.
Las áreas administrativas y operativas fueron objeto de 78 visitas de supervisión, que derivaron en la emisión de instrucciones adicionales para reforzar el control interno y detectar conductas irregulares en función pública estatal y federal adscrita a la Fiscalía.
El informe concluye que las acciones disciplinarias y penales exhiben la presión interna por depurar prácticas indebidas, mientras el órgano de control mantiene vigilancia sobre agentes ministeriales, policías de investigación, personal operativo y funcionarios administrativos involucrados en la procuración de justicia.
