Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La violencia familiar volvió a repuntar en Tamaulipas, toda vez que tan solo en 2023 las llamadas de auxilio al 911 crecieron 31 por ciento, una tendencia que confirma el agravamiento de este delito en la entidad.
Así lo establece una iniciativa presentada por el diputado Marcelo Abundiz Ramírez, quien advierte que la violencia familiar registra niveles alarmantes con 30,362 llamadas verificadas en ese año, y demanda que el Estado transparente lo qué está haciendo para contener el fenómeno.
Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo revelan que de ese total, 12,718 reportes correspondieron a violencia de pareja, lo que equivale al 42 por ciento del registro general; 11,766 fueron incidentes de violencia familiar; 3,779 denuncias de violencia contra la mujer; y 2,099 quejas por otros actos relacionados con la familia.
La concentración territorial también es contundente: nueve municipios acumulan el 94 por ciento de todos los casos.
Reynosa encabeza con 6,361 reportes, seguido de Ciudad Victoria con 5,849, Matamoros con 4,020, Altamira con 3,716, Tampico con 3,053, Ciudad Madero con 2,357, Nuevo Laredo con 1,581, Río Bravo con 880, y El Mante con 663 casos.
Incluso la zona conurbada Tampico–Madero–Altamira muestra una tendencia ascendente desde 2015: de 478 casos ese año a 1,103 en 2025, lo que confirma que el fenómeno no cede pese al crecimiento urbano y la mayor infraestructura institucional.
Ante este escenario, la iniciativa del diputado Abundiz plantea que el Consejo para la Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar rinda un informe puntual sobre sus estrategias, programas, acciones implementadas y resultados obtenidos. El exhorto se sustenta en la Ley de Prevención de la Violencia Familiar del Estado, que faculta al Consejo como órgano de coordinación y evaluación en la materia.
La propuesta legislativa se presenta además en la antesala del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que llama a visibilizar las agresiones que enfrentan niñas y mujeres, y a exigir respuestas institucionales efectivas frente a la violencia en el ámbito familiar y comunitario.
