Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Diputados de Morena presentaron una iniciativa que busca reforzar la protección de los mayores de 65 años, para garantizarles alimentos cuando se encuentren en situación de abandono que constituya violencia intrafamiliar.
La propuesta, turnada a comisiones, fue presentada por la diputada Francisca Castro Armenta y plantea adicionar un artículo 277 Bis al Código Civil de Tamaulipas, creando una obligación específica para que los familiares proporcionen alimentos a los adultos mayores abandonados.
La legisladora expuso que el abandono de personas de la tercera edad es una forma de violencia intrafamiliar que queda sin atención adecuada en la legislación actual. Aunque existen disposiciones generales sobre obligaciones alimentarias, no se contempla claramente el caso de mayores de 65 años en abandono.
Castro Armenta argumentó que la entidad enfrenta retos crecientes derivados del envejecimiento poblacional, la migración laboral, la ruptura familiar y la ausencia de políticas públicas integrales que protejan a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa subraya que el abandono, entendido como la falta de asistencia material, alimentación, cuidados médicos, afecto o seguridad, es una violación grave a los derechos humanos, reconocida así por organismos internacionales como la OMS y la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores.
El artículo propuesto define el abandono constitutivo de violencia intrafamiliar y aclara que los familiares directos serán responsables de proporcionar alimentos y cuidados básicos, a fin de evitar que los adultos mayores queden desprotegidos o dependientes de apoyos insuficientes.
Asimismo, la iniciativa contempla la intervención inmediata de la autoridad judicial en los casos de incumplimiento, quienes podrán ordenar medidas para garantizar la prestación alimentaria y aplicar sanciones conforme al Código Penal del Estado.
La diputada destacó que muchas personas mayores viven sin ingresos estables, sin acceso pleno a servicios médicos y sin redes familiares sólidas, lo que incrementa su exposición al maltrato y a la negligencia. Por ello, consideró urgente reforzar la protección legal.
El proyecto también enfatiza que la medida no tendrá un costo adicional para el Estado, ya que se basa en obligaciones familiares ya previstas en ley y en la actuación ordinaria de jueces y de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.
