Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El robo de cableado, semáforos y bienes culturales será castigado en Tamaulipas con penas de hasta cuatro años de prisión y multas severas, de acuerdo con una reforma propuesta al Código Penal.
La iniciativa fue presentada por la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda, quien planteó modificar el artículo 481 y adicionar un párrafo para sancionar de forma específica el apoderamiento indebido de materiales e infraestructura utilizada en servicios públicos municipales y estatales.
El proyecto establece que quien sustraiga cobre, metales, medidores, piezas de alumbrado público, instalaciones hidráulicas, semáforos, señalamientos o cualquier implemento del sistema de tránsito será castigado con dos a cuatro años de prisión y multa de 100 a 300 UMAS.
La propuesta surge ante el incremento del robo de cableado en municipios como Ciudad Victoria, donde la sustracción de materiales ha dejado semáforos apagados, provocado caos vial y puesto en riesgo la seguridad de automovilistas y peatones.
En la exposición de motivos se señala que el Código Penal vigente no contempla de manera específica la protección de bienes de control de tránsito ni de bienes culturales, lo que dificulta la denuncia e investigación de estos delitos y favorece que los responsables evadan consecuencias.
El texto también incorpora la protección del patrimonio cultural, al proponer que la misma sanción se aplique a quien se apodere de bienes pertenecientes a bibliotecas, museos, templos, escuelas, edificios públicos, monumentos o piezas declaradas patrimonio cultural.
La reforma busca cerrar vacíos legales que, hasta ahora, impedían sancionar integralmente el robo de infraestructura pública. De acuerdo con la iniciativa, esta conducta afecta la movilidad, la seguridad ciudadana, la prestación de servicios esenciales y la integridad del patrimonio colectivo.
La propuesta destaca que el robo de materiales públicos representa costos elevados para la administración municipal y estatal, al obligar a reponer cableado, equipos, estructuras y piezas culturales dañadas o desaparecidas, recursos que podrían destinarse a servicios prioritarios.
Entre los beneficios que plantea la modificación legal se encuentran la reducción de riesgos viales, el fortalecimiento del orden público, la prevención de accidentes, la disminución de costos de reparación y la protección del acervo cultural de la entidad.
El documento compara la redacción actual del artículo 481 con la propuesta, donde se amplía de manera explícita la lista de bienes protegidos e incluye por primera vez los relacionados con tránsito y patrimonio cultural.
