Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El partido Movimiento Ciudadano, (MC), empuja una reforma que acabaría con los cobros excesivos que hoy pagan comercios y contribuyentes por licencias, servicios y multas en Tamaulipas, al plantear una reducción generalizada de UMAS en la Ley de Hacienda del Estado.
La propuesta fue presentada por los ciudadanos Juan Carlos Zertuche Romero y Mayra Benavides Villafranca, quienes solicitaron al Congreso modificar diversas fracciones de la Ley de Hacienda para ajustar los costos que —aseguran— se han convertido en un obstáculo para la formalidad y el cumplimiento normativo.
Los promoventes argumentan que los altos cobros por licencias de funcionamiento, dictámenes de Protección Civil, permisos ambientales y multas han provocado que numerosos negocios operen en la irregularidad, especialmente en zonas como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, donde la actividad económica es intensa pero también frágil ante cargas excesivas.
Agregan que en muchos casos las sanciones superan incluso los ingresos mensuales de pequeñas empresas, lo que incentiva la evasión, la corrupción o la suspensión definitiva de trámites. A juicio de los promoventes, cuando “el municipio cobra más de lo que sirve”, se rompe la confianza institucional y se deteriora la cultura del cumplimiento.
La iniciativa plantea reformar capítulos relacionados con licencias y permisos de funcionamiento, dictámenes urbanos, trámites catastrales, servicios de Protección Civil y diversas tarifas que actualmente se calculan con UMAS elevadas. Su objetivo es que la regulación deje de ser un instrumento recaudatorio y se convierta en un mecanismo de control, prevención y protección.
La propuesta se sustenta en el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, recordando que los municipios tienen autonomía hacendaria, pero deben ejercerla con criterios de justicia y razonabilidad. También sostiene que reducir los costos impulsa el cumplimiento voluntario y amplía la base de contribuyentes, lo que finalmente fortalece la recaudación sin ahogar la economía local.
Entre los beneficios esperados, el documento destaca tres: mayor regularización de negocios, disminución de la informalidad y una relación más equilibrada entre ciudadanos y autoridad, al eliminar tarifas que hoy funcionan como barreras de entrada.
El proyecto incluye modificaciones concretas, entre ellas los cobros aplicables a restaurantes-bar, eventos temporales, trámites devueltos, salas de degustación, microfábricas, palapas con alberca, dictámenes de uso de suelo, levantamientos geográficos y sanciones en materia de Protección Civil, varias de las cuales alcanzan actualmente montos considerados “desproporcionados”.
De aprobarse, el decreto también ajustaría las multas, que hoy van desde 20 hasta 1,000 UMAS en temas de protección civil, planteando un nuevo marco más accesible para pequeñas y medianas empresas.
El documento concluye que administrar no significa castigar ni recaudar por castigar, sino promover un entorno seguro, ordenado y económicamente viable. Reducir las UMAS —afirma— sería un paso hacia una Hacienda estatal más humana, moderna y responsable.
