Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso del Estado analiza una iniciativa que busca establecer la notificación inmediata y confidencial de todo embarazo detectado en niñas y adolescentes, con el propósito de activar protocolos de protección y descartar posibles abusos sexuales.
La propuesta fue presentada por la diputada Silvia Isabel Chávez Garay, del grupo parlamentario de Morena, quien planteó adicionar un artículo 35 Ter a la Ley de Salud de Tamaulipas para cerrar los vacíos legales que actualmente impiden una respuesta institucional oportuna ante estos casos.
De acuerdo con la iniciativa, los hospitales, clínicas y prestadores de servicios de salud deberán reportar de inmediato a las autoridades competentes cualquier embarazo en menores de edad, respetando la confidencialidad de la información y el principio del interés superior de la niñez.
Chávez Garay señaló que el embarazo infantil y adolescente constituye una problemática de salud pública que afecta el desarrollo integral de las menores y las expone a situaciones de violencia, abandono y desigualdad educativa y económica.
“Cada embarazo en una niña debe ser considerado una señal de alerta, no un hecho rutinario”, advirtió la legisladora, al recordar que la NOM-047-SSA2-2015 obliga al personal médico a investigar posibles casos de abuso cuando el embarazo ocurre en menores de 15 años.
De acuerdo con cifras del INEGI, en Tamaulipas tres de cada diez mujeres embarazadas tienen menos de 20 años, y el 2.2 por ciento de las adolescentes de entre 12 y 17 años ya han tenido al menos un hijo, lo que revela la urgencia de contar con mecanismos de detección y protección más eficaces.
La diputada explicó que actualmente la Ley de Salud del Estado no contempla la obligación expresa de notificar los embarazos en menores de edad, lo que ha derivado en omisiones institucionales y en la falta de coordinación entre autoridades de salud, justicia y protección de menores.
El nuevo artículo propuesto busca corregir esa omisión legal y obligar a las autoridades sanitarias a reportar los casos de manera inmediata al Ministerio Público y al Sistema DIF, con el fin de garantizar atención médica, psicológica, educativa y jurídica integral.
“El Estado tiene la obligación de actuar de forma preventiva y protectora. Cada omisión en estos casos es una forma de violencia institucional”, sostuvo la legisladora, al insistir en que la detección temprana es clave para evitar tragedias y proteger los derechos de las niñas y adolescentes.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis, y de ser aprobada, establecerá la obligación legal para todas las instituciones públicas y privadas del sector salud de notificar, de manera inmediata y confidencial, los embarazos detectados en menores de edad.
