Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Hay una nueva moda en el Congreso de Tamaulipas: intentar domesticar las redes sociales.
Algunos diputados, sin medir las consecuencias, han decidido que el problema no son los malos gobiernos ni las malas decisiones, sino las críticas. Y como no pueden silenciar la inconformidad, quieren reglamentarla.
La semana pasada, el diputado morenista, Francisco Adrián Cruz Martínez, propuso imponer hasta tres meses de trabajo comunitario y multas superiores a los 21 mil pesos a quienes “insulten o agredan” a través de las redes sociales.
Su iniciativa, dijo, busca castigar los agravios digitales y proteger el honor de las personas… pero termina abriendo la puerta a la censura.
La redacción es tan ambigua que podría aplicarse a todo: desde una calumnia hasta un meme político.
¿Quién definiría qué es un insulto? ¿El diputado? ¿El juez? ¿O el funcionario que se sintió aludido por una crítica?
Pretender controlar las redes con sanciones es tan absurdo como ponerle candado al viento.
El insulto no es un delito. Puede ser una imprudencia o una falta de educación, pero no constituye un crimen.
El político que hace bien su trabajo no teme a las redes: las enfrenta, las entiende y las aprovecha.
A esa ocurrencia se suma otra, igual de cuestionable: la del legislador del PAN, José Abdo Sckekaibán Ongau, quien busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 12 años.
No explicó cómo lo haría ni quién lo vigilaría. Solo lanzó la idea, como si gobernar fuera coleccionar titulares.
Ambas propuestas revelan un mismo síntoma: hay legisladores que confunden las redes con un enemigo y la crítica con un delito.
No entienden que la libertad de expresión no se negocia ni se dosifica con sanciones administrativas.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, lo dijo con claridad meridiana:
“No estoy de acuerdo con eso. No hay forma. Hay memes que sí son muy groseros, pero no hay manera de controlarlos.”
“No estoy de acuerdo con eso. No hay forma. Hay memes que sí son muy groseros, pero no hay manera de controlarlos.”
Y tiene razón. Pretender lo contrario sería legislar desde la fantasía.
Las redes sociales pueden ser crueles, sí.
A veces rebasan los límites de la prudencia, pero también son el único espacio donde la ciudadanía puede expresarse sin filtros, sin miedo, sin permiso.
Son la plaza pública del siglo XXI, el foro donde los poderosos escuchan lo que no quieren oír.
Intentar callar ese espacio es como querer apagar la voz colectiva.
A los legisladores se les olvida que fueron las mismas redes sociales las que en su momento los encumbraron, los que les dieron visibilidad y votos.
Hoy que esas mismas plataformas les muestran el enojo ciudadano, quieren convertirlas en delito.
En lugar de intentar censurar, deberían preocuparse por reconstruir la confianza con hechos, no con decretos.
La mejor defensa contra el insulto no es el castigo, sino la congruencia.
Porque cuando un político actúa con honestidad, ni el meme más cruel logra ofenderlo.
Los diputados que impulsan estas restricciones deberían asesorarse antes de llevarlas a tribuna.
No todo lo que suena “protector” es viable, ni todo lo que pretende “ordenar” es constitucional.
El derecho a expresarse libremente está protegido por la Constitución y por tratados internacionales.
Quien lo desconoce, ignora la esencia misma de la democracia.
Porque el problema no son las redes. El problema es lo que las redes reflejan.
Y eso, señores diputados, no se borra con un decreto.
ASI ANDAN LAS COSAS.
