Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Para proteger a los docentes ante el aumento de agresiones, amenazas y difamaciones en su contra, el Congreso del Estado analiza una iniciativa que elevaría las penas por delitos cometidos contra personal educativo y garantizaría atención psicológica, defensa legal y reparación del daño a las víctimas.
La propuesta, presentada por la diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, del grupo parlamentario de Morena, plantea una reforma integral a la Constitución local, al Código Penal y a la Ley de Educación de Tamaulipas, con el propósito de reconocer la seguridad del magisterio como un derecho constitucional y un elemento esencial para el funcionamiento del sistema educativo.
Anzaldúa Nájera explicó que en los últimos años se ha registrado un creciente número de agresiones y actos de hostigamiento contra maestras, maestros y personal de apoyo educativo, tanto en escuelas públicas como privadas, lo que ha generado un clima de tensión y afectado la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
La iniciativa incorpora en la Constitución Política del Estado el reconocimiento explícito del derecho del personal educativo a contar con mecanismos eficaces de defensa legal, acompañamiento psicológico y protección institucional, cuando su integridad se vea amenazada por actos derivados de su labor.
Asimismo, propone la creación de protocolos obligatorios de prevención, denuncia y atención coordinados entre autoridades educativas y de seguridad, a fin de garantizar entornos escolares libres de violencia y fortalecer el respeto hacia la figura del maestro.
En el ámbito penal, la reforma adiciona el artículo 438 Ter al Código Penal de Tamaulipas, para establecer que los delitos de lesiones, amenazas, extorsión, privación ilegal de la libertad o difamación cometidos contra docentes sean castigados con penas aumentadas hasta en una mitad más.
El documento también prevé sanciones administrativas para autoridades escolares o servidores públicos que sean omisos al atender denuncias de agresión o amenazas en perjuicio del personal educativo.
En materia educativa, se proponen cambios a los artículos 74 y 78 de la Ley de Educación del Estado para fortalecer la dignificación del magisterio, protegerlo de acusaciones falsas y reconocer su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso legal.
La legisladora destacó que la seguridad del personal docente es una condición indispensable para garantizar el derecho a la educación y cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por México.
De aprobarse, Tamaulipas se colocaría entre las primeras entidades del país en tipificar agravantes penales específicas por agresiones contra maestros, estableciendo un modelo integral de prevención, atención y justicia educativa.
