Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Diputados locales están proponiendo aumentar hasta en un tercio las penas de prisión por el delito de feminicidio, lo que elevaría la sanción máxima de 60 a 80 años de cárcel cuando la víctima sea una mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el agresor sea servidor público que se haya valido de su cargo para cometer el crimen.
La iniciativa fue presentada por la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda, del Grupo Parlamentario de Morena, quien planteó reformar el artículo 337 Bis del Código Penal del Estado de Tamaulipas para establecer agravantes específicas en los casos de víctimas en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, el Código Penal castiga el feminicidio con penas de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días multa, pero sin contemplar diferencias según la condición de la víctima o la posición del agresor. Con la reforma, el castigo podría incrementarse hasta en un tercio, dependiendo de las circunstancias.
Esto significa que, en los casos más graves, los feminicidas podrían enfrentar penas de hasta 80 años de cárcel, lo que colocaría a Tamaulipas entre los estados con sanciones más severas del país para este delito.
Méndez Cepeda argumentó que el feminicidio es “la expresión más extrema de violencia contra las mujeres” y que resulta necesario fortalecer el marco penal para proteger a quienes enfrentan mayores riesgos de agresión por su edad, embarazo, discapacidad o dependencia.
La legisladora advirtió que muchas de las víctimas de feminicidio se encuentran en condiciones de desventaja física o social, lo que limita su capacidad de defensa y agrava el impacto del crimen.
De igual forma, propuso castigar con mayor rigor a los servidores públicos que utilicen su cargo, autoridad o poder institucional para someter o asesinar a una mujer, pues en esos casos el crimen reviste una gravedad superior y atenta contra la confianza ciudadana en las instituciones.
La exposición de motivos sostiene que cada feminicidio es una tragedia que interpela al Estado y que “debe enfrentarse con toda la fuerza de la ley”, especialmente cuando se trata de víctimas que no tienen posibilidad real de defenderse.
Con esta propuesta, el Congreso busca armonizar la legislación estatal con el Código Penal Federal, pero además incorporar agravantes locales que reflejen la realidad de violencia que viven las mujeres tamaulipecas.
La diputada morenista subrayó que la intención no es solo elevar las penas, sino enviar un mensaje claro: en Tamaulipas, los feminicidios contra mujeres vulnerables serán castigados con el máximo rigor y sin contemplaciones.
