Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Trabajo comunitario de uno a tres meses y multas que irían de 5 mil 428 a 21 mil 714 pesos se aplicarían en Tamaulipas a quienes utilicen redes sociales para emitir insultos, agravios, calumnias o difundir información falsa que dañe la reputación o el honor de otras personas.
Lo anterior, en caso de que el Congreso del Estado apruebe una iniciativa presentada por el diputado morenista, Francisco Adrián Cruz Martínez, mediante la cual propone adicionar el artículo 390 Quáter al Código Penal del Estado.
El objetivo es castigar las agresiones digitales que lesionen la dignidad de personas físicas o morales, sin que ello signifique vulnerar el derecho a la libertad de expresión ni la crítica legítima hacia funcionarios públicos.
La acción legislativa establece que cuando los ataques sean reiterados, anónimos o con fines de daño social, las sanciones podrían incrementarse hasta en una mitad, reforzando el carácter preventivo de la medida.
De acuerdo con el legislador, el nuevo tipo penal busca llenar un vacío legal que actualmente deja impunes las difamaciones y agravios cometidos en medios digitales, donde las víctimas carecen de herramientas eficaces para proteger su buen nombre y credibilidad.
Cruz Martínez explicó que el propósito es proteger el honor, la reputación y el principio de inocencia de las personas ante el creciente fenómeno de la violencia digital, pero sin imponer restricciones indebidas a la libre expresión de las ideas.
La iniciativa aclara que no se aplicarán sanciones cuando la conducta esté amparada por la libertad de expresión o constituya una crítica legítima hacia servidores públicos o figuras con exposición mediática.
El documento se sustenta en datos del INEGI, que revelan que 9.4 millones de mujeres mexicanas de 12 años y más han sido víctimas de violencia digital, y que el 36.4% de las mujeres jóvenes entre 20 y 29 años ha sufrido ciberacoso en redes sociales.
Asimismo, cita cifras del Instituto de las Mujeres y de la UNESCO, que confirman que el acoso en línea genera consecuencias emocionales graves, como depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas en víctimas de ataques constantes.
El texto recuerda que Tamaulipas ya tipificó el ciberacoso y adoptó la Ley Olimpia, pero no contempla aún sanciones para los insultos o difamaciones digitales, lo que deja un área de impunidad en la protección de la reputación y la vida privada.
“Las redes sociales no pueden ser una tierra sin ley”, advierte la exposición de motivos, al sostener que el daño moral causado por agresiones en línea muchas veces no encuentra reparación en la vía civil, que resulta lenta y costosa.
